El coronavirus en Colombia está a poco tiempo de cumplir un año de haber detenido por completo nuestro aparato productivo. El PIB cayó de manera escabrosa, alcanzando un decrecimiento histórico de 6,8% a Diciembre de 2020; si bien algunos sectores lograron alzar cabeza, la gran mayoría de las actividades económicas apenas empieza a ver la luz. Lo cierto es que el violento golpe recibido por el aparato productivo gracias al covid, trajo consigo también la crisis más importante en temas de desarrollo social, un aumento del desempleo a niveles no vistos en décadas, y la necesidad de asistencia del estado, el cual, al no ser rico debe hacer de tripas corazón para poder brindar la ayuda necesaria.

Así pues, vemos cómo se abre paso en la discusión nacional una posible reforma fiscal y social que tiene como fin poder financiar la disminución de la pobreza y generar la recuperación económica, como lo ha anunciado el Gobierno Nacional, sorprende que no estemos en este momento buscando de manera sostenida la manera de incentivar los sectores que más potencial tienen, tomando en cuenta su demanda mundial y los ingresos que estos significarían para la economía colombiana.

Tal es el caso del cannabis medicinal, el cual se estima tiene un potencial de generación de empleo cercano a 70.000 nuevos puestos de trabajo, cifras mayores a las de otros sectores del Agro como lo son la industria del cacao, la palma de aceite y la caña de azúcar, pues requiere fácilmente entre 10 y 17 personas por hectárea; del mismo modo, este negocio traería a Colombia nuevos recursos por concepto de impuesto de renta cercano a $1,2 y $3,5 billones.

El potencial exportador de Colombia es tal, que en un informe del año pasado de la firma Econcept se preveía que alcanzara cifras que “oscilarían entre $2.300 y $17.700 millones” y se podría “superar el potencial el recaudo fiscal de todo el sector agrícola si accede ahora al mercado mundial”.

Aún estamos a tiempo de hacerlo.

Según cifras oficiales del Ministerio de Justicia, desde 2017, cuando la normatividad que regula la materia entró en vigencia, se han recibido aproximadamente 2.700 solicitudes de licencias, y a la fecha se han aprobado poco menos de la tercera parte de las mismas. Somos conscientes de que un país con una marcada historia por el narcotráfico, se deba prestar especial énfasis en los trámites, pero no podemos perder perspectiva: existe un mercado que a 2025 se estima será de US$166.000 millones, o nos montamos a la ola ya, o no estaremos preparados a tiempo para acometer esa demanda.

Con la vuelta (que celebramos) de la aspersión aérea, es dable pensar que una estrategia óptima de sustitución de cultivos ilícitos pueda pasar por destinar esas tierras a la producción de cannabis medicinal y de esta forma aprovechar las ventajas competitivas agrícolas, climatológicas, y de mercado que existen en el momento. Le llegó la hora de ver el cannabis medicinal como un bastión en la lucha por la recuperación económica del país, de apostarle a un sector históricamente marginado, pero que desde la empresa privada tiene las puertas del mercado internacional abiertas de par en par para su explotación.