Los colombianos hemos adaptado nuestro comportamiento social y económico a la nueva realidad, pero no es dable pensar que la reactivación esté tan cerca. En primer lugar, estamos ad portas de un tercer pico de pandemia, lo cual ha llevado a países más desarrollados a volver a cerrar; en segundo lugar, porque a pesar de los esfuerzos del Gobierno el desempleo no termina de ceder: la tasa oscilando entre 17%-18%, la brecha de género profundizada, y el desempleo juvenil disparado cómo nunca antes.
Así pues, Colombia se debate en buscar el mejor de dos males: el aumento del tamaño del Estado para poder ser solidarios con los menos favorecidos, implicando buscar llenar de alguna forma el hueco fiscal, o darle aire a la economía, permitiendo que las empresas tengan tasas de tributación efectiva más favorables, incentivando la inversión y la creación de nuevos puestos de trabajo.
Lo primero se ha venido haciendo en Colombia, luego de que en un esfuerzo nunca antes precedido, el Gobierno Nacional aumentara las transferencias monetarias condicionadas: tres millones de colombianos han sido beneficiados por el Ingreso Solidario, un millón más con la devolución del IVA, y 3,9 millones de empresas han recibido el auxilio del Paef.
Lo cierto, es que a pesar de lo titánico del esfuerzo, se queda corto ante la imperiosa necesidad de protección de la vida y de evitar el hundimiento en la pobreza de los colombianos. Así pues, si bien se han empezado a hacer anuncios frente a una reforma social y fiscal que abarque estas problemáticas, entendemos que esta no es el único paso que debe darse para adoquinar el camino que debemos surcar los colombianos en los años venideros.
El aumento de la cobertura del Ingreso Solidario debe ser uno de los esfuerzos a realizarse; proteger los ingresos de las familias más vulnerables no solo es un clamor ético sino una protección en contra de los discursos incendiarios que pretende incoar la guerra dialéctica y la lucha de clases de cara a las presidenciales del próximo año. Igualmente, la devolución del IVA va por este mismo camino. Esta medida no es otra cosa que el ejercicio más importante para combatir la regresividad de nuestro sistema tributario.
Pero este ejercicio no es para nada suficiente, la protección de los actuales puestos de trabajo y la creación de mejores condiciones para el surgimiento de nuevos empleos es imperativo. Para ello, es necesario que el Paef continúe ejecutándose al menos hasta que termine el periodo presidencial del actual Gobierno, dándole así aire a los empleadores y seguridad a colaboradores y sus familias, sobre todo cuando encuestas muestran que hasta el 88% de los empleadores desean mantener su planta este año. Adicionalmente, y apoyándose en la ya cantada reforma, es necesario que se piense en esos pequeños empresarios que bien sea por su tamaño o sus ingresos no se encuentran en el régimen simple de tributación; a estos, es necesario protegerlos, disminuyendo su tasa efectiva de tributación, lo que costaría alrededor de $3 a $3,5 billones, pero que daría oxígeno a nuestra economía.