Mucho se ha escrito en los últimos días frente a los derechos y sus límites; no pretendo ni mucho menos proponer un tratado novedoso ni hacer una tesis jurídica invocando imperativos categóricos cómo límites de nuestros derechos o tests de proporcionalidad para evaluar en unas cortas líneas las posibles implicaciones de la colisión de principios. No. Hoy tan solo quisiera hacer un llamado a la cordura en el ejercicio legítimo de nuestros derechos. Así, de la manera más directa y sencilla, haciendo alusión a la importancia proteger los límites de los derechos y de combatir los abusos de los mismos.

Los últimos 20 días en Colombia han sido una clara muestra de lo peligroso que es la ausencia de límites a la hora de detentar un derecho. En términos claros, los días previos al inicio del paro, el ejercicio político se dibujó en la silueta del derecho a la libre expresión y a la contradicción política, pero se rellenó con la abusiva práctica de teñir las opiniones para hacerlas pasar por la verdad. El ejercicio de la libre expresión es una parte esencial de la democracia, pero su uso indiscriminado llevó a incendiar al país, aprovechándose de miles de colombianos que confían más hoy en las redes sociales que en sus líderes políticos. En ese furor generado con verdades a medias y falsedades completas se condujo a las calles en el tercer pico de la pandemia. Nuevamente, en un ejercicio legítimo del derecho a la protesta, una porción de los colombianos marchó por diversos motivos, algunos válidos y con críticas genuinas frente a las diferentes situaciones sociales, y otros tantos azuzados por algunos líderes políticos en campaña electoral; sin embargo, el caos, los bloqueos y la destrucción progresiva del tejido social, la vulneración sistemática de los derechos a la salud, la alimentación, la movilidad, han derivado en una desnaturalización del derecho a la protesta.

Hoy pareciera que los únicos derechos válidamente detentados son los de aquellos violentos que nos tienen secuestrados en nuestras ciudades, de aquellos practicantes del terrorismo urbano que incendian bienes privados y públicos, atentan de manera sostenida contra la mayoría que no marcha. Con ellos, con los que pararon el aparato productivo del país justo cuando empezaba a recuperarse, con los que impiden el tránsito de medicamentos y bienes de primera necesidad por la vías colombianas, pareciera que hay que ser condescendientes: el Estado está maniatado, no logra detenerlos, y los políticos que los instrumentalizan claman por su protección en foros nacionales y multilaterales.

La protección de los derechos humanos que están vulnerándose requiere de un estado que asuma un rol protagónico y monopólico en el ejercicio legítimo de la autoridad, y que logre reconducir el rumbo de un país que hoy se asemeja a un estado de naturaleza. Debemos velar por la protección de los derechos de millones de colombianos que hoy esperan el levantamiento de bloqueos para lograr comer, trabajar, desplazarse, y cuidar su salud. Requerimos también que de manera autónoma seamos más responsables en el ejercicio de nuestros derechos. Debemos como sociedad, más no desde el Estado, censurar a aquellos que usan los medios a su disposición para mentir en amparo del derecho a la libre expresión para incendiar el país, y permitir que el Estado de manera única y legítima recupere el orden y la autoridad en los lugares afectados por el uso abusivo del derecho a la protesta.