Mientras la inflación repunta, el Gobierno propone más impuestos y un presupuesto récord. Tres fuerzas que, combinadas, pueden tensionar al máximo la sostenibilidad fiscal del país en 2026. El dilema no es solo macroeconómico: es político, institucional y de confianza.

La inflación anual en agosto subió a 5,1%, con aumentos marcados en alimentos, salud, educación, restaurantes y hoteles. Dos meses consecutivos de repunte obligan al Banco de la República a mantener una postura contractiva: la tasa de intervención sigue en 9,25% y no se esperan recortes en el corto plazo. Las expectativas de inflación ya se ajustan al alza, y el anclaje a la meta de 3% se diluye. En este contexto, el margen de maniobra para estimular la economía es limitado. La política monetaria seguirá siendo restrictiva justo cuando el crecimiento muestra signos de fatiga.

El segundo nudo lo representa la nueva reforma tributaria, radicada el 1° de septiembre. Con un objetivo de recaudo de $26,3 billones, la iniciativa incluye un alza del IVA a 19% para bienes antes excluidos (licores, hospedaje, juegos en línea, software en la nube y combustibles), una sobretasa permanente de 15% al sector financiero (que eleva su carga a 50%), un aumento en la tarifa marginal de renta para personas naturales a 41%, y la eliminación de deducciones por dependientes. Además, se reduce el umbral para el impuesto al patrimonio a $1.990 millones, ampliando su alcance.

Se trata de una visión fiscalista que busca cerrar la brecha presupuestal sin ajustar el gasto. Pero esta carga tributaria amenaza con frenar el consumo, incentivar la informalidad y desincentivar el ahorro. Golpea al sector productivo y erosiona el ingreso disponible de los hogares. Mientras tanto, el contrabando y la evasión se frotan las manos.

El tercer nudo es el Presupuesto General para 2026: $556,9 billones, el más alto de la historia. Lo preocupante no es solo su magnitud, sino su composición. Cerca de $112 billones se destinan al sector salud -en parte por la presión de una reforma estructural aún incierta- y el resto del gasto se mantiene sin recortes significativos. La Andi ha pedido una reducción mínima de $45 billones, y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal sugiere al menos $39,5 billones. Sin embargo, el Gobierno insiste en sostener el gasto, incluso con supuestos optimistas de recaudo.

Más grave aún, se consolida una estructura de funcionamiento desbordada, con crecimiento sostenido en la contratación por prestación de servicios. Esta nómina paralela erosiona la eficiencia del Estado, introduce prácticas clientelistas y reduce espacio fiscal para inversión real. El gasto rígido, ineficiente y poco transparente es un riesgo que no se puede seguir ignorando.

Los tres nudos -inflación persistente, presión tributaria y expansión del gasto- pueden comprometer la estabilidad macroeconómica si no se abordan con responsabilidad. Colombia necesita recaudar, sí, pero también recortar, priorizar y modernizar su estructura estatal. No hay margen para experimentos.

La sostenibilidad fiscal no es solo una meta técnica: es la base sobre la que se construyen la confianza, la inversión y el crecimiento. La disyuntiva no es entre gasto o recorte, sino entre populismo fiscal o credibilidad económica. Y en este punto, los mercados no perdonan.