Pocas veces nos toca presenciar la posible ruptura del Estado de derecho y de los muy ponderados pesos y contrapesos. El presidente Petro ha planteado liberar a 230 jóvenes pertenecientes a la primera línea, lo cual ha generado un gran revuelo nacional y mucha preocupación.

Algunos de ustedes se preguntarán por qué afirmo que con esta decisión se puede vulnerar la separación de poderes.

Lo primero que deberíamos revisar es si el Presidente de la República está facultado para tomar esta decisión. En un régimen presidencial, como el establecido en Colombia, uno pensaría intuitivamente que sí, pues el poder está altamente concentrado en quien ejerce ese cargo. Lo cierto es que este tipo de indultos está contemplado solo para los delitos políticos y jamás para los delitos comunes.

Segundo, en nuestro país, como en la mayoría de las democracias del mundo, los encargados de impartir justicia son los jueces. Los ciudadanos, lo cual incluye a sus gobernantes, estamos obligados a cumplir los fallos judiciales, nos gusten o no. Es decir que, si la rama judicial, después de haber agotado el debido proceso, condena a unos ciudadanos por haber cometido un delito que a toda luz era común, este fallo debería ser de obligatorio cumplimiento.

Por último, pero no menos preocupante, el gobierno intentó indultar a la primera línea, introduciendo un mico dentro del proyecto de Paz Total y el Congreso se lo hundió, pero aún así, opta por emplear artimañas y malabares lingüísticos para graduar de delito político a los actos de homicidio, tortura, asonada, perpetrados por algunos miembros de la primera línea.

Todo lo anterior nos lleva necesariamente a plantear si lo que estamos viviendo es un perdón presidencial o la tipificación de un prevaricato.

No es fácil entender por qué un gobierno que se denomina democrático puede terminar vulnerando el Estado de derecho solo para cumplirle a quienes lo apoyaron, quebrantando el régimen legal y violentando la Constitución para premiar a los violentos. En gracia de discusión, esto puede ser políticamente justificable para el nuevo gobierno, pero no jurídicamente.

¿Cómo explicarles a los colombianos que quienes en algunos casos vandalizaron, incendiaron y saquearon bienes públicos y privados queden libres y ahora sean gestores de paz? ¿Cómo justificar la libertad de algunos de estos individuos que fueron acusados y condenados?

Tal vez lo de menos sea que se vulneren los pesos y los contrapesos, lo más preocupante es el mensaje que se envía a la sociedad. ¿El fin justifica los medios? Torturen, saqueen, vandalicen, pongan en riesgo la vida de los demás, que no les va a pasar nada.

Hart, el filósofo del derecho, planteó que las normas las cumplen los ciudadanos desde dos puntos de vista. Los primeros son a quienes les nace cumplirlas; es decir, por tenerlas interiorizadas, sus convicciones hacen que no necesiten presión de ninguna clase para actuar correctamente. Los segundos lo hacen desde lo externo, por el miedo a una sanción. Los que no necesitan de nada para cumplir las normas no son el problema, ¿pero si no existe el temor a la sanción ni autoridad que la imponga, a dónde iremos? A la zozobra, al caos, a la anarquía. Ojo.