Colombia ha recibido en las últimas semanas señales inequívocas de deterioro fiscal. S&P degradó la calificación soberana a BB con perspectiva negativa, Fitch mantuvo su nota en BB+, pero cambió su perspectiva a negativa, y Moody’s redujo a Baa3, el escalón más bajo dentro del grado de inversión. Si esta última se pierde, el país quedará oficialmente en categoría especulativa por parte de las tres agencias calificadoras más relevantes.

El problema no es coyuntural. La pérdida del grado de inversión en 2021 por parte de S&P y Fitch no fue corregida, y desde entonces los fundamentos macroeconómicos han empeorado. El déficit fiscal en 2024 llegó a 6,8% del PIB, y para 2025 podría superar 7%. La deuda pública bordea 61% del PIB, muy cerca del límite de sostenibilidad. La decisión del Gobierno de suspender la regla fiscal por tres años, sin una calamidad o choque externo que lo justifique, fue interpretada como una señal clara de debilitamiento institucional.

Moody’s lo dijo con claridad: suspender la regla fiscal sin un evento extraordinario mina la credibilidad del marco fiscal. No se trata solo de las cifras, sino de la señal que se envía a los mercados sobre el manejo macroeconómico del país.

El gasto público ha crecido a un ritmo insostenible. Según Fedesarrollo, el gasto burocrático aumentará $10 billones en 2024, reflejando una expansión desbordada del aparato estatal. En paralelo, los ingresos tributarios apenas crecieron un 2,3%, generando una brecha estructural entre ingresos y gastos que compromete la sostenibilidad fiscal.

La economía tampoco ayuda. El crecimiento fue de apenas 1,7% en 2024. La inversión privada cayó 24,8% en 2023 y no da señales de recuperación. Las reformas propuestas por el Gobierno en pensiones, salud y laboral han generado un entorno de alta incertidumbre regulatoria. La confianza empresarial está debilitada y el crecimiento económico se mantiene por debajo del potencial.

Las consecuencias de este deterioro ya se sienten. El país paga tasas superiores a 8% en bonos a diez años. Se estiman ventas forzadas de bonos soberanos por entre US$1.500 y US$2.600 millones, lo que añade presión al mercado financiero y al tipo de cambio. El aumento del riesgo país encarece el financiamiento público y privado, afecta el consumo y la inversión, y golpea la competitividad.

Colombia ya vivió esta situación en 1999. Perdió el grado de inversión y tardó 12 años en recuperarlo. En aquel entonces, se adoptaron medidas de ajuste serias, se fortaleció la institucionalidad fiscal y se recuperó la confianza. Hoy, la ventana de corrección existe, pero se estrecha.

El país necesita retomar la senda de la disciplina. Restablecer la regla fiscal, implementar un ajuste ordenado de al menos 1% del PIB, reactivar el crecimiento y dar señales claras de respeto a las reglas del juego. Sin eso, la pérdida total del grado de inversión no será un riesgo: será una realidad.

Colombia no puede seguir aplazando las decisiones difíciles. Recuperar la confianza es posible, pero requiere voluntad política, coherencia técnica y responsabilidad institucional. De lo contrario, el costo será mayor para todos.

No es un problema técnico: es una decisión de Gobierno. Y cuanto más se postergue, más dura será la factura para el país.