Hay un momento en la historia de las naciones en el que la evidencia se vuelve irrefutable y la inacción deja de ser una postura política para convertirse en una responsabilidad moral. Colombia está en ese momento.

Tenemos 39,2 millones de hectáreas con vocación agrícola. Cultivamos apenas 5,3 millones, 13,5% del potencial privilegiado. Mientras tanto, Perú, con menos tierra disponible, aprovecha 70% de su escasa frontera agrícola con riego tecnificado y apertura comercial agresiva. Brasil transformó un desierto rojo llamado cerrado en la mayor despensa alimentaria del hemisferio occidental. Argentina, con sus crisis recurrentes en las tres décadas pasadas, mueve US$47.138 millones en exportaciones del campo. Colombia alcanzó US$15.317 millones en 2025. Esa diferencia no es un accidente geográfico. Es el precio acumulado de décadas de abandono institucional.

Estamos en año de campaña. Esta semana los colombianos elegirán congresistas y, en los próximos meses, presidente. Escucharemos propuestas sobre seguridad, paz, salud y empleo. Son conversaciones necesarias. Pero hay una pregunta que ningún candidato ha respondido con la contundencia que el país merece: ¿cuál es la locomotora productiva que va a transformar estructuralmente esta economía en las próximas dos décadas? La respuesta está bajo nuestros pies, esperando una decisión que no llega.

El desarrollo agroindustrial colombiano no es una promesa romántica sobre el campo. Es la apuesta más racional que puede hacer un país con cinco pisos térmicos, tres cordilleras, dos océanos, agua abundante y posición ecuatorial que garantiza doce horas de luz solar los 365 días del año. Somos el único país del mundo capaz de producir simultáneamente café, cacao, aguacate, flores, frutas tropicales, proteína animal y granos, sin depender de estaciones. Esa ventaja comparativa no tiene precio. Y la estamos desperdiciando.

El café es el ejemplo más elocuente de lo que Colombia puede lograr cuando el gremio, la ciencia y la política pública trabajan en la misma dirección por más de noventa años. Hoy representa 1,5% del PIB nacional y 18% del PIB agrícola, y es el primer producto de exportación agropecuaria del país. La Federación Nacional de Cafeteros tiene la hoja de ruta trazada. Sabemos que los colombianos consumen apenas un tercio de lo que consume por habitante el brasileño promedio, que alrededor de la mitad del café que se bebe en los hogares es importado y que exportamos principalmente el grano verde, mientras otros mercados capturan el valor del tostado, la experiencia y la marca. Ese diagnóstico no nos paraliza: nos obliga. Lo que el sector cafetero le pide al próximo Gobierno y al nuevo Congreso no es que descubran el problema, sino que pongan los instrumentos del Estado al servicio de un plan estratégico que el gremio ya diseñó.

La Federación ha fijado una meta concreta: 20 millones de sacos de café para 2030. La ruta está diseñada: ampliar la frontera cafetera hacia la franja de los 800 a 1.200 metros sobre el nivel del mar; invertir en biotecnología desde Cenicafé para desarrollar variedades arábica de alto rendimiento; y avanzar en investigación de especies adaptadas a las tierras bajas, entre los 0 y los 700 metros, que hoy no producen café no porque no puedan, sino porque aún esperan el acompañamiento del Estado. La estrategia contempla, además, duplicar el consumo interno de café 100% colombiano, llevar la proporción de café tostado en origen a 20% de las exportaciones y desarrollar una industria de barismo y tostión regional que atraiga jóvenes y genere empleo. El plan existe. Lo que se necesita es un Gobierno y un Congreso dispuestos a respaldarlo con política pública, financiamiento e infraestructura.

Pero el café solo no alcanza. El país necesita una política de Estado, no de gobierno, que convierta el desarrollo agroindustrial en el eje articulador de la economía para los próximos veinte años. Eso significa vías terciarias para reducir el costo de llevar los productos al mundo, crédito agropecuario con plazos acordes a los ciclos productivos reales, planes de desarrollo regional con identidad productiva y condiciones de seguridad jurídica que atraigan inversión privada nacional e internacional.

El próximo Congreso tiene en sus manos la posibilidad de construir ese andamiaje estratégico duradero. Y los candidatos presidenciales tienen la responsabilidad de decirle a Colombia, con nombres y cifras, cómo piensan cerrar la brecha entre 13,5% que aprovechamos hoy y 70% que la geografía nos permite alcanzar. Incluso la elección de la fórmula vicepresidencial podría ser una señal: un binomio que incorpore visión agroindustrial y desarrollo regional enviaría un mensaje más poderoso que cualquier discurso.

Colombia no es un país pobre en recursos. Es un país que ha elegido, durante demasiado tiempo, no desarrollarlos. La diferencia entre los US$15.317 millones que exportamos hoy y los US$60.000 o US$70.000 millones que podríamos exportar no es una brecha de naturaleza. Es una brecha de decisión. Y las decisiones, afortunadamente, se toman. Ojalá este sea el momento en que Colombia decida, por fin, ser lo que la geografía siempre supo que podía ser.