El presidente Petro alegó que “Colombia tiene la jornada de trabajo al año más larga de toda la Ocde y la más baja productividad”, pero su retrógrada reforma laboral lo contradice.

Aunque se supone que el Viejo Continente está menos peor que nosotros, Ipso reportó que en el Banco Central Europeo 40% de los empleados manifiesta alto riesgo de padecer Síndrome de Desgaste Ocupacional -burnout-, y 10% declaró haber experimentado ideaciones suicidas. Entretanto, el Consejo Colombiano de Seguridad anunció que esa pandemia penalizó con US$57 billones a las empresas que operan en nuestro país.

Si bien fue insuficiente, y apostó tarde por la “fraternidad”, el expresidente Uribe rebajó la jornada seis horas (13%). Ahora, defraudando al cambio que tanto promulga, Petro quiere reforzar el incentivo a regalarse como voluntario para realizar horas extra: algo absolutamente incompatible con la humanización de la economía.

Según Economic History Association, en la antigua esclavitud la carga promediaba 69 horas (https://t.ly/UoR4L), y el siglo pasado terminó consolidando el estándar de 40 impulsado por Ford. Pero hoy, debido a la ubicuidad tecnológica y la presión impuesta por los irracionales recortes de personal, además de la insuficiente capacidad adquisitiva, la jornada informalmente se difuminó y dilató.

Durante la Gran Depresión, Kellogg contrajo ese parámetro hasta 30 horas, para reactivar el “bien social” de la contratación; lamentablemente, la burocracia parlamentaria saboteó la institución de semejante estructura.

En la actual “policrisis”, Petro debería retomar la pauta de aquel emprendedor. Como suplemento, también le sugiero prohibir las horas extra: eso garantizaría la debida diligencia del descanso, afianzaría el cuidado psicosocial (caring + kinkeeping) y apalancaría la creación de empleos.

Para constituir la semana de cuatro días (28/32 horas), también propongo ceder los días de vacaciones y reorganizar los festivos. Siendo necesario equilibrar el costo/beneficio, elimine los recargos nocturnos/feriados, que acarrean despidos o inequidad de género, y condone los impuestos operacionales a quienes ofrezcan de manera continua trabajo y capacitación.

Como contraprestación, podría adicionar al salario mínimo una bonificación progresiva, dirigida a quienes acrediten grados de educación superior de reciente emisión; eso podría impulsar la transición hacia la modernización económica, basada en el conocimiento.

Además, para el bienestar sistémico, es necesario sembrar un acondicionamiento urbano que honre aquella Regla 3-30-300 que insta a contemplar mínimo tres árboles desde la casa-oficina, 30% de cobertura vegetal en el barrio, y un parque público a 300 metros del hogar-trabajo.

Finalmente, debería ofrecer alternativas de solución a los desempleados que se ocupan como ‘Cuidadores No Remunerados’. La garantía de una digna renta universal debería poder sustentarse, teniendo en cuenta que el equivalente monetizado de ese oficio es cuanto menos de 20% del PIB.
A las inorgánicas o mezquinas nociones y estadísticas del Dane les falta Piedad -virtud que inspira “compasión” y “amor al prójimo”-, y les sobra Urdimbre -acción de “maquinar y disponer cautelosamente algo contra alguien, o para la consecución de algún designio”-.