Colombia sigue «ley-endo» informes y proyectos de ley, elaborados por honorables expertos y parlamentarios que carecen de legitimidad, e insisten en copiar modelos fracasados, pues Chile, España y Estados Unidos no son paraísos, según los escalafones de Desarrollo Humano, Calidad de Vida y Felicidad.

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales solo opera durante la negociación del mínimo, y no funciona para los empresarios, sindicatos ni desempleados; en consecuencia, la tradición es que el gobierno decide a qué deben renunciar y con qué deben contentarse. Ahora, la Misión de Empleo perdió tiempo para entregar un documento que parece periódico de ayer, pues carece de innovación, aunque la pandemia aceleró la transformación y destrucción del trabajo.

Tampoco especificó los cómo. En conclusión, no habrá reformas estructurales; y seguirán degradándose la inclusión, equidad y meritocracia, aunque coincidió en cuestionar la precariedad del mercado laboral, el estancamiento ocupacional, los sobrecostos a la formalidad y la inefectividad del salario mínimo en la redistribución.

Respecto a la seguridad social, desconoció los obstáculos de acceso y tampoco distinguió que la calidad varía según la demografía. También ignoró otros problemas endémicos, como la tasa natural de desempleo y el característico subempleo, por lo que la mayoría absoluta no dispone de garantías, mínimos vitales o ingresos.

Propuso financiar con el recaudo tributario una pensión no contributiva, mínima para todos, que podría terminar corrompiéndose como la Renta Básica, actualmente valorada en menos de la quinta parte del salario mínimo legal vigente. En cualquier caso, recomendó eliminar los engorrosos Beneficios Económicos Periódicos, así como los requisitos de tiempo para retiro.

Omitió que el Estado sigue evadiendo la depuración del sistema tributario. Tampoco abordó la eliminación de beneficios para quienes tienen capacidad adquisitiva, y pagan salud complementaria o pensiones voluntarias. Las cesantías seguirían desvirtuándose, en lugar de orientarlas exclusivamente hacia la inversión o el emprendimiento. Finalmente, desconoció a la abandonada economía de trabajo doméstico no remunerado.

Misiones fementidas, aunque prometen resultados diferentes, por conveniencia las recomendaciones de fondo desembocan en más de lo mismo, e insisten en diferenciar entre desempleado, subempleado, empleado y cesante, en el país más desigual de la Ocde. A propósito, aunque implicaron que el incremento del salario mínimo debía limitarse a la inflación, no declararon la necesidad de fijar una renta máxima, financiera y laboral, para regular la inequidad y garantizar la solidaridad en un país que permanece en Estado de Emergencia.

La cobertura, calidad y continuidad de la capacitación laboral, también pasaron de agache. Conecto esto con el Proyecto de Ley que propone como instrumento meritocrático la diferenciación salarial para Técnicos y Profesionales, en 2 y 3 mínimos (o rentas básicas), respectivamente; tal como ocurría antes de la Ley de Pago en Plazos Justos, los sectores público y privado, las entidades presuntamente sin ánimo de lucro y oenegés, desvalorizaron la educación y acrecentaron esa deuda.