Por naturaleza, los seres humanos buscamos condiciones de seguridad que nos permitan vivir libres de temores y sobresaltos. Tal vez por ello, a medida que evolucionamos buscamos estabilidad y amparo ante las eventualidades de la vida.

Así las cosas, las leyes establecidas para regir los pactos entre los hombres, las empresas y los Estados se erigen como lineamientos supremos que debemos acoger y respetar. Lamentablemente, estamos en un contexto donde esa vocación sagrada de la ley se ve amenazada por acomodos y conveniencias de diversa índole. Conocemos casos de empresas y personas que a pesar de haberlo hecho todo en el marco normativo, son sometidas al escrutinio público y a procesos legales marcados por intereses que empañan el papel de las normas como camino seguro hacia el establecimiento de la verdad y de la justicia, fundamentales para la convivencia y el entendimiento humano.

Y es este acomodo y/o desconocimiento arbitrario de los derechos legalmente adquiridos en un marco normativo, lo que viene limitando y afectando gravemente el desarrollo tanto de regiones como de sectores económicos clave para el progreso del país. Cartagena de Indias es tal vez el caso más representativo de entropía normativa, origen del caos que vive la ciudad en materia urbanística y de otra índole. A diario leemos sobre la lentitud en el desarrollo de la infraestructura que requiere la capital de Bolívar, las invasiones en playas y lugares estratégicos, la parálisis en la construcción de vivienda. Son los efectos demoledores que genera la falta de un ordenamiento que garantice reglas de juego claras a quienes deciden incursionar con inversiones tendientes al desarrollo y progreso de la región.

Basta saber que la ciudad Patrimonio de la Humanidad funciona con un POT de 2001 y aún falta que el Ministerio de Cultura apruebe los Planes Especiales de Manejo y Protección de varios lugares patrimonio, que son la génesis de un cúmulo de demandas que tienen a la Administración concentrada en procesos judiciales. Una situación que va en detrimento de la atención de frentes fundamentales para la reactivación de la ciudad y la generación de bienestar a una población aquejada por el desempleo, entre muchos otros males.

De acuerdo con el más reciente informe de la Oficina Jurídica del Distrito, a febrero de 2021, Cartagena suma 1.971 procesos judiciales activos, de los cuales 692 corresponden a solicitudes de nulidad y restablecimiento de derechos, 402 acciones populares y 336 reparaciones directas, cuya cuantía asciende a $973.000 millones. Y ojo al dato: Sólo por reparaciones directas, el Distrito afronta demandas por $575.000 millones.

Cartagena está llena de paradojas. Una ciudad posicionada en el ámbito internacional por su belleza y su historia se ve limitada para atender las necesidades de los raizales, porque debe concentrar sus esfuerzos en el cuidado del “corralito de piedra” que exhibe a sus visitantes. Una ciudad referente de arquitectura que no puede avanzar en su desarrollo urbanístico por el exceso de regulaciones y la falta de claridad en su aplicación. Una ciudad que conmemora cada año su independencia de la corona española, pero depende del ámbito central para decidir su presente y su futuro. Cartagena, una ciudad desbordada en sus problemas, demanda ahora más que siempre, orden, norte, liderazgo.

Y es que la ausencia de estos factores la ha llevado en muchos casos a someterse a lo que decidan en la capital. Fue lo que en su momento ocurrió con el Pacto de Cumplimiento auspiciado por el Juzgado Once Administrativo del Circuito para dirimir el Caso Aquarela. La Alcaldía aupada por el Ministerio de Cultura rechazó la propuesta de solución que conciliaba los intereses de los involucrados y a cambio firmó un convenio con la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, encaminado a tener acompañamiento y asesoría en el manejo de éste y otros casos emblemáticos.

Ojalá Cartagena resulte bien librada de este cúmulo de demandas. Ojalá todo lo que ha pasado nos deje a todos lecciones aprendidas y sirva para que la Constitución y la Ley recuperen el lugar de honor que les corresponde como fuente de luz y de certeza para la actuación ciudadana.