El pasado 20 de junio de 2025, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 0855, mediante la cual se declara una Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter temporal en los municipios de Jericó, Támesis, Valparaíso, Santa Bárbara, Fredonia y La Pintada, en el Suroeste Antioqueño.

Esta decisión, aunque revestida de buenas intenciones, merece un análisis crítico sobre los fundamentos técnicos que la respaldan y sus implicaciones para el desarrollo sostenible de la región.

Dentro de las consideraciones técnicas de la resolución, se menciona que, según estudios hidrogeológicos realizados por la Universidad de Antioquia (UdeA) y Corantioquia en 2021 y 2022, existen acuíferos en las formaciones Amagá y Combia. Especial énfasis se hace en el potencial de la formación Combia como fuente de abastecimiento de agua para la población.

Sin embargo, resulta preocupante que estos estudios, de carácter regional y local, no incluyan perforaciones directas ni la instalación de piezómetros que permitan obtener información primaria y precisa sobre el subsuelo. En otras palabras, las decisiones se están tomando sobre la base de modelos teóricos y no sobre datos empíricos obtenidos in situ.

Esta omisión es más que un simple descuido técnico: es una muestra de cómo, en ocasiones, el activismo ideológico puede imponerse sobre la realidad de sectores estratégicos como el minero, que no solo es fundamental para la economía, sino también para la transición energética que tanto necesita el país.

Ignorar la importancia de la minería responsable y bien regulada es darle la espalda a una oportunidad de desarrollo sostenible y a la generación de conocimiento sobre nuestros propios recursos.

La frase “dato mata relato” cobra especial relevancia en este contexto. Un ejemplo contundente es el trabajo realizado por AngloGold Ashanti en el proyecto Quebradona, en Jericó. Con casi 120.000 metros perforados (119.447, para ser exactos), la empresa ha logrado acceder a información primaria invaluable sobre los recursos y reservas minerales polimetálicas del subsuelo del Suroeste antioqueño.

Gracias a estas perforaciones, ha sido posible instalar piezómetros y levantar mapas hidrogeológicos a escala local, identificando con mayor precisión la presencia de acuíferos y acuitardos en la zona del proyecto. Este enfoque permite avanzar hacia la construcción de modelos de recursos hídricos robustos, que facilitan la toma de decisiones informadas en beneficio de todos los actores involucrados: comunidades, empresa y Estado.

Es fundamental que las políticas públicas se orienten bajo criterios de transparencia, eficiencia y rigor técnico, dejando de lado los sesgos ideológicos. El Estado debe reconocer sus limitaciones, como la falta de recursos para invertir en exploración de subsuelo, y aprovechar la experiencia y capacidad de las empresas mineras que asumen ese riesgo. Solo así se podrá conocer, de manera precisa y confiable, la verdadera riqueza de nuestro subsuelo.

Adoptar una relación de “gana-gana” entre Estado y sector privado, basada en la confianza, el acceso a datos verificables y la corresponsabilidad, debe ser el norte de los nuevos tomadores de decisiones.

Solo así lograremos un desarrollo sostenible, donde la protección ambiental y el aprovechamiento responsable de los recursos no sean excluyentes, sino complementarios, para que más adelante podamos decir con criterio y rigurosidad técnica que 119.447 metros es más que cero.