Llegar a diciembre evoca resúmenes inevitables: paramos, miramos atrás y nos interrogamos. ¿Qué nos dejó este año? ¿Qué errores cometimos, qué acertamos y qué aprendimos? Estas preguntas, esenciales para seres racionales, guían el balance personal y profesional, proyectándose hacia un futuro informado por la experiencia.

En esta columna, hemos enfatizado la minería, sector pivotal para Colombia, Latinoamérica y el mundo. Representa el 2,2% del PIB nacional, genera 120.000 empleos directos y aporta divisas clave en un país con reservas de carbón, oro, níquel, cobre y esmeraldas. Analizarlo revela logros, falencias y urgencias a mediano plazo.

El Gobierno Nacional ha dado la espalda al sector, de manera coherente y sistemática. No cabe otro diagnóstico. El proyecto de nueva ley minera, radicado este año, nace muerto: prohíbe la explotación de carbón térmico a cielo abierto, ignora incentivos para explorar el subsuelo, impone regímenes diferenciales para indígenas, afrodescendientes y campesinos, y exige licencias ambientales desde la fase exploratoria. Olvida realidades colombianas, donde la minería formal coexiste con informalidad y donde la exploración es clave para descubrir yacimientos viables.

Otro frente prohibicionista es la definición de “áreas de protección y producción de alimentos” en zonas de alta mineralización, como los departamentos de Antioquia, el César o La Guajira. Esta medida soterrada bloquea inversiones sin base técnica sólida, priorizando políticas públicas ideologizadas sobre evidencia técnica tanto geológica como minera.

La ausencia de diálogo sincero con empresas mineras agrava la marginalidad. Gigantes como Cerrejón o Drummond, que invierten miles de millones en tecnología y remediación ambiental, enfrentan hostilidad en lugar de alianzas. El gobierno predica ser “de la gente”, pero las mesas sociales y mineras son puro formalismo: carecen de recursos para formalizar la minería artesanal en comunidades indígenas y afro, sin voluntad política para temas de fondo como capacitación técnica o responsabilidad ambiental.

Los resultados son evidentes: caída en exploración (sólo 15% de metas en 2025, según la ANM), estancamiento de proyectos y fuga de capitales a países vecinos como Ecuador, Perú, Argentina o Chile, más amigables con la inversión.

Los altos precios de cotización internacional de la onza troy de oro, es un escenario que se debe aprovechar para incrementar los niveles de extracción, los mineros formalizados, disminuir el impacto ambiental que sobre estas áreas se tienen, debido al incremento en la extracción informal de yacimientos polimetálicos, tener claro que nuestro país tiene una alta probabilidad de recursos polimetálicos (Cobre, oro y plata), y que para el año 2026 se espera que los precios de estos minerales sigan en aumento, harán que aprovechemos de una mejor manera, la riqueza presente en nuestro país.

Para 2026 queda la gran tarea: ver al menos un megaproyecto minero avanzar a construcción y explotación, como un nuevo yacimiento de cobre, oro y plata o litio vital para la transición energética global. Urge formalizar más mineros en todas las empresas, con incentivos fiscales y programas de inclusión que eleven estándares laborales y ambientales. Colombia no puede permitirse más retrocesos; su subsuelo es un activo estratégico para crecer inclusivamente. Ojalá el nuevo año traiga cordura y visión de largo plazo.