Por decisiones empresariales de tipo financiero, ambiental y social, en febrero de 2021 (en pleno pico de la pandemia por covid 19), la empresa Prodeco renunció a cinco títulos mineros. Sin embargo, en septiembre del mismo año la Agencia Nacional de Minería (ANM) solo aceptó la terminación de tres de estos, los cuales fueron objeto de liquidación durante la vigencia 2023.

En el año 2022 como viceministro de minas, tuve la oportunidad de presentar al gobierno nacional la propuesta de “Abrir la mina, para cerrar la mina”, es decir, recibir los títulos mineros con el fin de aprovechar la riqueza mineral del subsuelo representada en carbón térmico con destino a exportarlo, para luego realizar un cierre minero con todas las implicaciones que un proceso de este tipo conlleva. Una iniciativa que iba en contravía de las políticas del gobierno (el corredor de vida, el corredor de la transición energética), pero que desde el punto de vista de la responsabilidad social, ambiental y minera, era la más racional para evitar problemas futuros de orden técnico (inundaciones, mantenimiento de vías, taludes, bancos, bermas, infraestructura minera y civil), social (generación de empleo, inversión social) y económico (recaudo de impuestos, pago de regalías).

La propuesta era sencilla. Aproximadamente noventa millones de reservas de carbón (que están registrados en la contabilidad nacional como ingresos futuros), por tratarse no de recursos mineros sino de reservas. A cada tonelada de carbón, con el objetivo de garantizar un adecuado cierre minero, ambiental y social, le asignamos en la estructura de costos, un valor de US$10, para que esos US$900 de ingresos futuros, sirvieran como base para que el cierre minero de la minas o títulos liquidados y en poder del Estado, tuvieran asegurado un proceso técnico de cierre, en el cual el gobierno nacional no tuviera que invertir un solo centavo para esta actividad propia del ciclo minero.

Adicionalmente, durante un periodo de ocho años se desarrollaría un programa de reconversión económica en los municipios de Agustín Codazzi, Chiriguaná, El Paso, La Jagua de Ibirico, Becerril y Valledupar, en el departamento del Cesar, para tener certeza de que el cierre de la mina, era inminente por el agotamiento de las reservas de carbón térmico y que la población que dependía de esta actividad económica, debía iniciar un proceso de reconversión a otra actividad productiva, debido al cierre de la mina.

Mantener la infraestructura minera y el mantenimiento preventivo de la maquinaria pesada es un proceso complejo para un proyecto minero de gran escala en el que se extraen carbones térmicos y estériles a razón de 1 a 7, y para la cual el Estado aún no se encuentra preparado para mantener la mina activa o la mina en proceso de cierre minero.

Este proceso debe tener muchos aprendizajes para todas las partes involucradas. Para las empresas que piensan revertir sus títulos al Estado. Para el Estado que no tiene experiencia en administrar un tema tan complejo como la minería a gran escala. Para las comunidades cercanas a los proyectos mineros, en buscar otras alternativas y oportunidades que minimicen la dependencia de la actividad extractiva. Para la Autoridad Minera, que puede presentar otras estrategias más flexibles y que permitan buscar escenarios alternativos.

Finalmente, pensar en abrir la mina, para cerrar la mina, será una estrategia de voluntad política que se puede presentar en un futuro cercano con algunos de los más de siete mil títulos mineros vigentes en el país, y deberá servir para aprender de las lecciones para todas las partes involucrados del caso Prodeco.