La Ley 2177 de 2021 en Colombia promueve la inclusión financiera del sector minero al establecer condiciones para garantizar el acceso de los actores mineros a productos y servicios ofrecidos por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y Economía Solidaria. La norma exige procesos transparentes y objetivos, evitando barreras de entrada injustificadas para mineros, comercializadores, plantas de beneficio y quienes estén en proceso de formalización. La ley exige medidas para prevenir el lavado de activos, educación financiera y acompañamiento institucional, asegurando igualdad de oportunidades y fortaleciendo la formalización y la transparencia en el sector minero colombiano.

Pero todo lo anterior, que puede ser visto como un avance para cerrar la brecha entre el sistema financiero y el sector minero, ha estado lejos de la realidad que viven en el día a día mineros formalizados, titulares mineros, comercializadores mineros, dueños de plantas de beneficio, entre otros, a lo largo y ancho del país.

El sistema financiero no ha sido capaz (no existe voluntad para entenderlo) que gracias a que el sector minero es una fuente de dinamismo vertical y transversal de las economías locales, se hace necesario que todos los actores mineros puedan acceder al sistema financiero cumpliendo con los requisitos exigidos y de esta manera contar con la trazabilidad que exige el sistema financiero nacional y mundial (pensando en que podamos hacer operaciones de comercialización de minerales mejorando la cadena de intermediación financiera y se puedan exportar minerales desde la planta a los mercados internacionales).

Por poner un ejemplo, en el municipio de Segovia (Antioquia) empresas mineras formalizadas y con contratos y subcontratos de operación, con más de 500 empleados (todos con sus prestaciones sociales legales y vigentes) para el Estado y el sector financiero, son muy buenas empresas al momento de pagar impuestos a la Dian y utilizar sus plataformas para pagar empleados y proveedores; pero al momento de tocar las puertas del sistema financiero legal, simplemente no existen, no les permiten acceder al portafolio de servicios, por ser simplemente mineros.

La brecha sigue existiendo y no hay voluntad ni política ni financiera para cerrarla a favor de los mineros. Es una oportunidad de oro, que pierde el sistema financiero al bloquear todo el sector minero nacional (pequeña y mediana minería) sin ninguna justificación.

¿Pero cómo solucionarlo? El Sistema Bre-B, es una muestra de ello. Se sabe que aproximadamente 70% de las transacciones económicas en Colombia se realizan en efectivo. Brasil y México hace unos años tenían porcentajes similares a los de nuestro país y encontraron en la definición de Pix en Brasil y CoDi en México, un sistema de pagos inmediatos que tiene por objetivo disminuir el manejo de efectivo e incrementar los pagos electrónicos mediante plataformas informáticas, que en el fondo permiten tener trazabilidad de las transacciones monetarias y contar con un historial de movimientos financieros para acceder con mayor eficiencia a productos de la banca tradicional.

Así como existió la voluntad de todas las partes para hacer realidad el Bre-B, también debería existir voluntad para bancarizar todo el sector minero de Colombia mediante una variación del Bre-B (Bre-BM-la M por minería). Voluntad, simplemente voluntad.