La Colombia minera se encuentra llena de muchos actores que pueden llegar a tener un impacto muy fuerte (positivo y negativo) para el desarrollo de los proyectos mineros. A lo largo y ancho del país coexisten comunidades indígenas relacionadas con la actividad extractiva de diferentes tipos de minerales: carbón, oro, materiales de construcción, minerales industriales, entre otros. Llaman la atención las diferentes visiones cosmogónicas que tienen estas comunidades indígenas, pues, desde afuera, con una mirada muy occidental, pensaría uno que los intereses de estas comunidades convergen en la protección y el cuidado de la naturaleza, la gaia o la pachamama, por encima de cualquier actividad económica dentro de sus territorios. Y lo que se desprende de lo sucedido durante los últimos años con las comunidades indígenas de La Guajira podría ser analizado para un estudio de investigación, tanto desde lo cuantitativo como desde lo cualitativo, relacionado con la extracción de carbón térmico a cielo abierto.

En los años recientes, Prodeco fue la empresa minera que sufrió los impactos de las comunidades indígenas cerca del área de influencia de su proyecto en el departamento del Cesar, en los municipios de La Jagua de Ibirico, Becerril, El Paso y Valledupar. Vale la pena resaltar que Prodeco retornó en 2022 a la Agencia Nacional de Minería tres de los cinco títulos mineros, ya que la consulta previa con las comunidades indígenas no resultó positiva y las condiciones de disponibilidad de áreas para futuros botaderos estaban comprometidas por las disputas con las comunidades indígenas (Yukpa).

Cuatro años después, Cerrejón, mediante un comunicado general, suspendió las operaciones mineras y de transporte de carbón por los innumerables bloqueos a su vía férrea y por las disputas con algunas comunidades indígenas (Wayúu), con las cuales no han podido llegar a acuerdos de consulta previa.

Es muy triste dar ese mensaje a la comunidad nacional e internacional sobre el poco o nulo apoyo por parte del gobierno nacional a las empresas mineras legalmente constituidas que intentan construir país, pues, como se puede apreciar en otras latitudes, cuando se trata de explotación de oro con comunidades indígenas, el trato es a otro nivel: las afectaciones ambientales, sociales y culturales pasan a un segundo plano y prima más el interés por extraer recursos auríferos de minerales preciosos que la protección de la madre tierra.
Parecería que algunas comunidades indígenas, apoyadas por el discurso del gobierno de que el carbón térmico y las minas a cielo abierto son más dañinas que la coca, consideran que, cuando se trata de carbón, la explotación es muy dañina para el ambiente, pero cuando se habla de oro y plata beneficia económicamente a las comunidades. Existe un doble rasero para la misma actividad minera. Hoy una tonelada de carbón térmico se puede comercializar en un rango entre US$120 y US$150, mientras que un solo kilogramo de oro se cotiza aproximadamente en US$140.000; es decir, una tonelada de oro se comercializa en US$140 millones.

Existen comunidades indígenas y étnicas que encuentran en la extracción minera una oportunidad para el crecimiento de sus territorios, una oportunidad para que, en armonía con la naturaleza, se aprovechen esos regalos de la madre naturaleza y se pongan al servicio de las comunidades. En Canadá, Estados Unidos y otras latitudes, algunas comunidades indígenas generan desarrollo por medio de la minería. En Colombia, podemos seguir construyendo país conjuntamente con todos los actores; no podemos seguir dándoles la espalda a Prodeco, Drummond, Cerrejón y Best Coal Company. Necesitamos más comunidades indígenas mineras.