En minería, al departamento de Antioquia le fue mal con la administración del gobierno del presidente Gustavo Petro durante estos 48 meses. Vamos por partes.

Paros. Para medir fuerzas sobre qué tenía para ofrecer el gobierno del cambio a los mineros del departamento, este periodo presidencial ha estado caracterizado por la protesta social o paros mineros desde agosto de 2022 hasta marzo de 2026, especialmente en el Bajo Cauca y Occidente, en donde se concentra la mayor cantidad de mineros informales, sobre todo en extracción de oro. Paros de semanas de duración han sido la constante en el departamento, con afectaciones millonarias y con pocos resultados tangibles que permitan evidenciar beneficios para los mineros. Acuerdos firmados sin sustento técnico ni financiero que lleven la actividad minera a otro nivel, a otra escala de mejoramiento de la actividad como tal, o con promesas de cambio que en la mayoría de los casos no se cumplen.

Delegación minera. Desde los inicios de la Agencia Nacional de Minería (Anm), el departamento de Antioquia tuvo funciones delegadas como autoridad minera departamental para todo lo relacionado con aproximadamente 1.200 títulos mineros. En enero de 2023 se inicia con la noticia de que el seguimiento a los Proyectos de Interés Nacional Estratégico (Pines) se realizará desde la Anm en Bogotá y no desde Antioquia. Primera alerta. La segunda alerta, y la que generó mayor impacto, fue en diciembre de 2023, cuando no se renueva a partir de 2024 la delegación minera al departamento y todas las actividades relacionadas con la minería se llevarán a cabo desde Bogotá, con ayuda del Punto de Atención Regional (Par) Medellín. Muy mala señal para la minería del departamento en los temas de fiscalización, fomento y promoción de la minería.

Incremento de la informalidad. Con un aumento de aproximadamente 300% en la cotización de la onza troy de oro, pasando de US$1.600 a máximos históricos de US$5.400, se “alinearon todos los planetas” para que la informalidad minera fuese norma durante este periodo de tiempo y para que los indicadores de las Ias en Colombia publicaran que la informalidad minera alcanza 85% en la minería aurífera. Vale la pena recordar la situación que vive Zijin en Buriticá y a la cual el gobierno nacional poco o nada le ha interesado resolverla, desmotivando de esta manera las nuevas inversiones extranjeras directas que pudiesen llegar al departamento.

Menosprecio para las empresas mineras legalmente constituidas. Las tres empresas más grandes que extraen oro en Colombia lo realizan desde el departamento: Buriticá, Segovia-Remedios y Bajo Cauca, con Zijin Continental Gold, Aris Mining y Mineros, respectivamente, representan la mayor cantidad de oro que exporta Colombia. Estas empresas merecen especial atención de las autoridades nacionales en temas mineros, pues la generación de empleos directos e indirectos, el pago de impuestos y regalías y las cadenas de valor impactan directamente todas las subregiones del departamento. Como poseedoras de títulos mineros legalmente constituidas, son las garantes de que se realice la actividad minera con altos estándares de calidad técnica y de protección del medio ambiente, en donde se vea reflejado un verdadero acompañamiento de la institucionalidad minera nacional y no el menosprecio que por las empresas mineras ha mostrado el gobierno nacional.

Para finalizar, no se avanzó de manera significativa en la apertura de nuevos proyectos mineros importantes para el territorio. Proyectos como Quebradona, Gramalote y San Ramón, entre otros, tuvieron una marginalización constante y muy pocos avances. A la minería en Antioquia le fue muy mal durante el Gobierno Petro; quedan muchas tareas pendientes.