Escribo esta columna desde el país más minero de América Latina: Chile, líder mundial en la extracción y producción de cobre. Basta con observar sus indicadores macroeconómicos para comprender cómo, gracias a decisiones acertadas en torno a la explotación de sus recursos minerales, Chile disfruta hoy de una estabilidad financiera envidiada en la región.

Este éxito no ha sido producto del azar, sino el resultado de políticas sostenidas -y, a veces, difíciles- que han convertido a la minería en el motor de desarrollo nacional. Empresas estatales, privadas y mixtas han encontrado en el cobre el eje de una prosperidad que beneficia, en mayor o menor medida, a grandes capas de la población.

Chile y Colombia compartimos algo más que una geografía suramericana: la majestuosa cordillera de los Andes, cuyas entrañas resguardan vastos recursos minerales. Esta formación geológica no solo es testigo silente del crecimiento de nuestros países, sino que ha sido la fuente material que ha permitido a Chile liderar la transición energética global, suministrando el cobre imprescindible para un mundo que avanza hacia energías limpias y movilidad eléctrica.

Esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿Qué ha hecho Chile que Colombia no ha logrado implementar? La respuesta, aunque compleja, nos invita a reflexionar sobre la visión de Estado que ha imperado al otro lado de la cordillera. Líderes tan disímiles como Salvador Allende, Augusto Pinochet, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Gabriel Boric, a pesar de sus diferencias ideológicas y políticas, han entendido la importancia estratégica del cobre y otros minerales como el litio. Han tomado decisiones difíciles -a veces impopulares, a veces visionarias- guiados por la convicción de que la riqueza del subsuelo debe ser gestionada como un bien común y un deber constitucional.

¿Qué lecciones nos ofrece la historia minera chilena? En primer lugar, que la minería sostenible es posible cuando existe un consenso nacional que trasciende a los gobiernos y a las ideologías. Chile ha apostado por altos estándares técnicos, sociales y ambientales en la explotación de sus recursos, consciente de que solo así es viable democratizar los beneficios económicos y sentar las bases para una sociedad más equitativa. El resultado es tangible: inversión en infraestructura, educación y salud financiada parcialmente por la renta minera.

Colombia, poseedora de una probabilidad alta mineral igualmente vasta (oro, cobre, carbón, entre otros), enfrenta el desafío de tomar decisiones valientes y a largo plazo. Debemos repensar el rol de la minería en nuestro modelo de desarrollo, apostando por una explotación responsable que no solo genere recursos, sino que también respete los derechos de las comunidades locales y el medio ambiente. Solo así podremos garantizar que las próximas generaciones hereden un país menos desigual y más próspero, donde la riqueza mineral se convierta en un verdadero motor de transformación social.

La historia de Chile demuestra que es posible aprovechar racionalmente nuestros recursos sin sacrificar la sostenibilidad ni la equidad. Colombia está a tiempo de escribir su propia historia minera, aprendiendo de nuestros vecinos y priorizando siempre el bienestar colectivo, para que más adelante podamos decir, Colombia el país que tomó la decisión de ser minero.