Según Trading Economics, las reservas oficiales de oro en Colombia se mantuvieron estables en 4,68 toneladas durante el primer y segundo trimestre de 2025. Esta cifra resulta especialmente baja si se considera que, entre 2000 y 2025, el promedio de reservas fue de 8,30 toneladas, con un máximo histórico de 18,92 toneladas alcanzado en el primer trimestre de 2019 y un mínimo de apenas 3,49 toneladas en el tercer trimestre de 2015. Para un país con una gran tradición en la explotación aurífera, heredada desde la época colonial, estas reservas oficiales parecen ser una cifra insignificante en comparación con todo el oro que históricamente se ha extraído de nuestros territorios.

En 2020, el Banco de la República decidió vender gran parte de sus reservas de oro. De acuerdo con su entonces gerente, Juan José Echevarría, esta venta estaba justificada ante la alta volatilidad del precio del oro. Argumentó que con tasas de interés bajas sobre las inversiones en reservas internacionales, el portafolio del banco tenía menor capacidad para absorber las fluctuaciones de activos volátiles, entre ellos el oro. Por esta razón, consideraron conveniente deshacerse de este metal precioso en ese momento.

Sin embargo, desde una perspectiva externa resulta difícil comprender cómo un país con la alta probabilidad de recursos mineros de Colombia adoptó una medida tan conservadora respecto a un commodity que, además, ha sido crucial a lo largo de la historia de la humanidad. En los últimos 50 años, el precio internacional del oro ha registrado una tendencia ascendente constante. Por ejemplo, esta misma semana el valor alcanzó un récord histórico de US$3.654 por onza troy. Las cerca de 19 toneladas que se acumularon en 2019 hoy estarían valorizadas en más de US$2.200 millones, una cifra significativa para las finanzas nacionales que subraya la importancia de contar con mayores reservas oficiales.

Resulta urgente que Colombia adopte una política clara y ambiciosa para incrementar sus reservas de oro, superando las preocupaciones coyunturales sobre la volatilidad de precios o las tasas de interés. Esta debería ser una prioridad para la Junta del Banco de la República, pues el respaldo del oro aporta estabilidad financiera y confianza, como lo demuestran potencias económicas como Estados Unidos y China, que mantienen estrategias activas para aumentar sus reservas de este metal.

Además, el oro incautado por la Policía y el Ejército Nacional en las distintas operaciones contra la minería ilegal y el contrabando no debería ser entregado para su subasta por la Sociedad de Activos Especiales, SAE. Estos activos pertenecen a todos los colombianos y deben integrarse a las reservas internacionales, fortaleciendo la posición del país en el escenario global. En un contexto mundial cada vez más incierto, con tensiones geopolíticas que afectan los mercados, es muy probable que el precio internacional del oro alcance o supere los US$4.000 por onza troy en lo que resta del año.

Esta coyuntura representa una oportunidad única para impulsar el desarrollo del sector minero y fortalecer la economía nacional. Sin embargo, Colombia está en riesgo de desperdiciar este momento crucial. Priorizar la expansión de las reservas de oro y gestionar eficientemente este recurso será clave para convertir la riqueza minera en una fuente sólida de crecimiento y estabilidad. Enfocarnos en lo verdaderamente importante ya no es una opción, sino una necesidad urgente para el país.