Llegamos a los primeros 100 días de gobierno del presidente Iván Duque y en materia de justicia nos encontramos con un sector que presenta enormes desafíos, que se han convertido en nuestros ejes de trabajo, pues queremos ofrecerles a los colombianos una justicia más pronta, eficiente y efectiva, que tenga su punto de partida en la cultura de la legalidad.

El Ministerio tiene una experiencia institucional acumulada en la promoción del acceso a la justicia y en la racionalización del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, hoy el país cuenta con 109 casas de justicia, 31 centros de convivencia y 116 sistemas locales de justicia. Sin embargo, su sostenimiento es costoso, no tienen presencia en las zonas rurales más alejadas y no existe una adecuada correspondencia entre oferta y necesidades.

Estos son retos urgentes y oportunidades de mejora que el Gobierno ha resuelto atender de manera prioritaria, para lo cual hemos decidido diseñar y poner en operación un sistema de justicia ampliado, un modelo de justicia local con énfasis en la ruralidad; además de avanzar hacia una efectiva articulación de la oferta de justicia a cargo de autoridades administrativas y la modernización de la gestión de justicia con uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

Así trabajamos desde ya en el marco del proceso integral de reforma a la justicia y de la depuración y racionalización del ordenamiento jurídico en curso, donde la línea transversal sea el enfoque diferencial en género, justicia étnica y discapacidad.

Luego de los respectivos análisis, diseñamos una política integral contra las drogas que por primera vez tiene en cuenta no solo la problemática de oferta, también el de demanda. Esto tendrá tres componentes: desarticulación de organizaciones criminales, afectar las economías y rentas criminales, y la transformación del territorio como mecanismo de generación de oportunidades sustentado entre otros, en las oportunidades de la economía naranja.

Este nuevo enfoque de política integral contra las drogas prioriza el respeto por los derechos humanos, prioriza la familia como núcleo de la sociedad y permite afrontar de una manera adecuada los problemas asociados no solo a la coca, sino a las drogas de síntesis y la marihuana.

De otro lado, el problema carcelario es histórico en Colombia. Revisada la oferta de cupos, encontramos una actual sobrepoblación promedio de 40.000 cupos, coincidente con la población de sindicados, para una tasa de hacinamiento cercana al 50%. El país necesita cupos carcelarios adicionales y para esto tenemos una meta de casi 13.000 cupos en el cuatrienio, con 4.800 en el corto plazo, con esquemas de infraestructura modular.

Los ajustes en la política penitenciaria y carcelaria tiene dos pilares fundamentales: la resocialización y la humanización carcelaria, con los cuales trabajamos en un modelo de resocialización bajo corresponsabilidad para la generación de segundas oportunidades. De igual manera generamos condiciones de salud y alimentación dignas para la población reclusa.

Nuestro objetivo es que la justicia responda plenamente a una de las principales premisas del Gobierno: la de la legalidad para todos los colombianos. “Legalidad es seguridad y justicia, es combatir la corrupción y la impunidad”, ha dicho el Presidente. Y cerramos estos primeros 100 días con la firme convicción de que la cultura de la legalidad es el pilar de nuestra labor.