Disponer de alimentos para más de 50 millones de personas en el país no es un simple proyecto, va de la mano de la estructuración de una política pública que lo permita o lo desarrolle. Ahora que en la agenda del presidente electo está adelantar una Reforma Rural Integral, seguramente se tendrá una oportunidad para ello. Situación que debe partir por reconocer que Colombia no es autosuficiente ni competitiva en la producción de cereales como el maíz o las oleaginosas (fríjol soya), y en donde, la producción interna tiene mayores costos de producción cuando se compara contra las importaciones. Esto indica que, si de la noche a la mañana se decidiera cerrar el mercado a las importaciones de estos insumos básicos en la producción de proteína animal, se estaría allanando el camino hacia una hambruna.

Sin duda alguna, si el país importa más de 5 millones de toneladas maíz amarillo, 1,5 millones de torta de soya y 400.000 toneladas de fríjol soya, se tiene una oportunidad sin igual para desarrollar un gran proyecto agrícola, en donde se tendría cabida para el pequeño, mediano y gran productor. Cuando Colombia tenía un índice de abastecimiento de materias primas mayor al 100%, el consumo de proteína en unidades de huevo y kilos de pollo per cápita año, eran los más bajos de la historia, por debajo de 100 unidades y 8 kilos habitante año, como lo que ocurrió antes de la década de 1990.

Luego, a partir del desarrollo industrial del país, y del crecimiento poblacional, el renglón agrícola no logró desarrollarse para atender las necesidades de alimentación de la población. Por ello, cuando ocurrió la primera apertura comercial del país en los primeros años de 1990, y se permitieron las importaciones de granos, empezó a crecer de forma exponencial el consumo per cápita, hasta llegar al nivel que conocemos hoy, con más de 325 unidades de huevos al año y de 34 kilos por habitante al año.

Lo anterior tenía un referente clave que lo permitió, de un lado, al tiempo que la productividad del maíz y el fríjol soya crecía progresivamente en los países exportadores permitiendo una reducción en los costos de producción, la productividad de un sector como el avícola se complementaba con ello, así, con un menor consumo de granos por unidad producida, el consumidor encontraba en el mercado productos en donde el incremento de los precios ha estado por debajo del incremento del salario mínimo por más de tres décadas. Situación que a su vez aceleraba el consumo en todos los estratos de la población.

Ciertamente todos queremos un mejor país, un acuerdo implícito nacional. De allí que el reto que tienen los formuladores de la política pública en el próximo cuatrienio es, de un lado, asegurar la oferta de alimentos suficientes para responder por la demanda de una población en crecimiento y, de otro, aumentar su consumo en los estratos más pobres de la población, con precios competitivos y asequibles a los consumidores.

Tal vez el camino a seguir no resulte tan complejo, en especial, si nos damos cuenta de la oportunidad país que tenemos de cara al desarrollo del sector agrícola, manteniendo la premisa de garantizar una oferta de alimentos en crecimiento y a precios que permitan incluso aumentar el consumo. Por ello, sería posible combinar la aplicación de los conceptos de seguridad y soberanía alimentaría en función de los modelos agrícolas que se desarrollen. Destacando que se requiere pensar en modelos de producción de alimentos a escala para mantener los consumos per cápita hasta ahora conocidos y, adentrarnos en un reto complementario, convertir a Colombia en un país exportador de alimentos.

Perspectiva en donde tiene todo el sentido de impulsar una sustitución competitiva de importaciones para favorecer la población de más bajos ingresos, garantizando una oferta de proteína a precios inferiores a los que acceden en economías más desarrolladas que la nuestra.

Así las cosas, en un momento como el actual, en donde aparece la sombra de la hambruna en muchos países del mundo, resulta inapropiado poner un impuesto a los alimentos.

La sola idea de imponer aranceles a la importación de insumos para la producción de alimentos sería equivalente a la imposición de un impuesto al consumo del huevo y el pollo.

La sustitución competitiva de importaciones en cereales y oleaginosas entraña un reto mayor para garantizar a la población colombiana una oferta constante y en crecimiento de alimentos.

Con efectos colaterales de gran impacto en la generación de empleo en la cadena alimentaria, ahorro de divisas e incluso un mayor recaudo de impuesto. Para convertir a nuestro país en una potencia en la producción de alimentos, perspectiva que requiere desarrollar las condiciones para la producción de insumos a escala y con la productividad requerida y costos como operan en países como Brasil y Argentina, con las inversiones de escala adecuada y con el desarrollo de los bienes públicos básicos pertinentes.