En mi pasada columna, llamada “Santurbán se respeta”, expliqué cómo la intervención de la minera Minesa -según las denuncias presentadas por los habitantes de los alrededores del páramo- está causando daños que podrán ser irreparables si se otorga la licencia ambiental para el desarrollo de este proyecto, en las cercanías de nacimientos de agua de mucha importancia para la región y para el equilibrio ambiental de la Nación.

Luego de la visibilidad que ha tomado este caso por causa de las escandalosas intervenciones del antiguo CEO de la compañía, se ha convocado a una marcha simbólica para recordarles a todos los que creen que el daño ambiental no tiene doliente, que los colombianos estamos dispuestos a levantar nuestras voces en contra de las intervenciones que pongan en peligro nuestros recursos naturales; en este caso, nada más y nada menos que el agua.

Como buenas noticias tenemos que días después de publicada la anterior columna, la Anla tomó la decisión de vincular a la Procuraduría General de la Nación en el trámite de la expedición de la licencia ambiental, garantía que permite pensar que esta entidad obrará de acuerdo con su función misional y no permitirá que los recursos naturales se vean afectados por la actividad económica privada de la minería en las cercanías del páramo de Santurbán.

El próximo 10 de mayo tenemos una cita con el agua, con Colombia, con los Santanderes y sus habitantes, pero sobre todo una oportunidad de enviar un mensaje claro a quienes pretenden explotar nuestros recursos naturales “manteniendo tranquilos a los tomadores de decisión”, mientras los colombianos sufrimos las consecuencias de poner en riesgo nuestra propia subsistencia. Es por estas razones que estos proyectos, el fracking y cualquier otra actividad que afecte, o siquiera ponga en riesgo, el medio ambiente en el país debe seguir la línea del principio de precaución en materia ambiental y abstenerse de ser aprobada por el Gobierno nacional.

Si bien mañana es una cita, esta lucha no puede quedar en una sola marcha. Este es tan solo el inicio para visibilizar los proyectos que estén poniendo en verdadero riesgo a nuestras fuentes de agua y los ciudadanos que han visto vulnerados sus derechos por una explotación inadecuada. No estoy en contra del progreso y el desarrollo del país. Por el contrario, considero positivas las actividades económicas que agregan valor a Colombia, pero que se hagan de manera sostenible y sin tener que sacrificar una cosa para obtener la otra.

Debemos demostrar que cada día somos más los que tenemos conciencia y que no permitiremos que pase desapercibido el peligro que corremos como sociedad si permitimos que nos usurpen -de nuevo- nuestras riquezas naturales, a cambio de un salario y unas regalías que no compensarán jamás el impacto que pueden generar proyectos como el de Minesa. Señor procurador general: Santurbán no es un asunto político y necesita de su respaldo para que los colombianos sigamos disfrutando y preciarnos de vivir en uno de los países con mayores riquezas hídricas del mundo. Tanto usted como yo queremos dejarles un mejor país a nuestros hijos, razón por la cual espero que contemos con su total respaldo para que se proteja nuestro patrimonio y, con esto, de una vez por todas la licencia ambiental sea negada por la Anla.