Ya llevamos meses de pandemia y cuarentena, y los efectos que este tiempo de confinamiento trae ya se sienten y se agudizan con el paso de las horas. Como es obvio, el cambio abrupto que trajo la covid-19 nos ha hecho tomar decisiones que en algunos casos tardarían décadas de politiquería.

Las funciones del Gobierno y del Congreso se han logrado adaptar -pese a la oposición de algunos congresistas-, pero no todo es positivo: la Justicia, esa que es uno de los derechos universales, no ha logrado en estos tres meses ejecutar con la agilidad necesaria las medidas que se requieren para que la última de las ramas del Estado funcione y la resolución de controversias pueda ponerse en marcha.

Tenemos que ser justos. La problemática de la justicia no es por la pandemia o el confinamiento. No podemos atribuirles a este Gobierno o a la dirección actual de la rama la responsabilidad exclusiva. La Justicia, su transformación y su atraso son una deuda histórica tanto de los antecesores en la política pública como de quienes desde la academia han mantenido cerco y celo sobre la discusión, permitiendo que los estándares de resolución de conflictos del país sean comparables con los de países con mayores necesidades que las nuestras. ¡No podemos seguir así!

Es claro que Diana Remolina, con buena voluntad pero con la poca fuerza institucional que le queda al Consejo Superior de la Judicatura, ha intentado afrontar la problemática de la justicia, pero el atasco de años perdidos es tanto que las medidas hasta ahora parecen estar tratando una enfermedad terminal con acetaminofén. Difícil reto para el que se requieren otros apoyos, pues la inercia pública es evidente en los resultados: amenaza en Bogotá de no habilitar el servicio de justicia porque al parecer no se han logrado los avances con la digitalización de expedientes. Colombia es un país de leyes, pero no de ejecución.

Pero así como he dicho en este mismo espacio que, en lo que se refiere a justicia y por más de 30 años, llevamos resolviendo bien las preguntas equivocadas, también he afirmado que debemos ser agentes de cambio y no simples espectadores del desastre. En ese sentido, un grupo de más de 250 abogados dedicados al litigio decidimos unirnos en torno del Centro de Estudios de Derecho Procesal (Cedep).

Este espacio dialéctico, disruptivo y de pensamiento crítico tiene como uno de sus propósitos traer sobre la mesa lo que debe ser la discusión actual y futura de la justicia, para que así dejemos esa vieja maña de ser como el perro que trata de morderse la cola.

En la era de la cuarta revolución industrial, y cuando más de 70% de los ciudadanos no confían en la administración de justicia, ¿seguiremos haciendo lo mismo esperando resultados diferentes? Como presidente del Cedep puedo afirmar categóricamente que no. ¿Y cómo pretendemos aportar soluciones?

En un hecho sin precedentes a nivel mundial, hicimos una alianza con Imaginamos -casa de desarrollo detrás de Rappi, entre otros- con el único propósito de crear el juzgado del presente, y del futuro, nativo digital, que permita al ciudadano generar la confianza en el sistema de justicia; y al Estado, avanzar con la ayuda de la tecnología en actualizar al país y, por qué no, convertir a Colombia en la Estonia de la región. ¡Es tiempo de la transformación!

Posdata: el Cedep, buscando generar ideas que cambien el mundo, ha logrado contribuir en la organización del primer TEDx dedicado exclusivamente a la Justicia en el país (próximo 16 de julio).