Durante muchos años en el país nos hemos resistido a modernizarnos. La sola conversación del cambio nos incomoda y, sin mirar atrás, corremos a tratar de atajar con el pensamiento anclado en el pasado el desarrollo de la Colombia del futuro, la misma que insiste en mantener la tendencia absurda a burocratizarlo todo, incluida la tecnología.
Esta semana tuve la oportunidad de conocer la iniciativa legislativa encabezada por Juan Diego Echavarría Sánchez, representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, que busca establecer “los lineamientos de política pública para el desarrollo, uso e implementación de inteligencia artificial”, propuesta alejada del camino correcto en esta materia y que, en contraste, va siguiendo el GPS que la convertirá en el palo en la rueda del desarrollo al que nos hemos visto obligados a volcarnos por cuenta de la pandemia. Explicaré por qué.
Tal como se titula esta columna, el primero y más obvio de los objetivos es la creación de la “Comisión de Tratamiento de Datos y Desarrollos con Inteligencia Artificial”, cayendo en los errores comunes de la dirigencia política, lo que me lleva a recordar aquella frase atribuida a Napoleón Bonaparte que dice: “si quieres solucionar un problema, nombra un responsable; si quieres que el problema perdure, nombra una comisión”. Empezamos mal: queremos regular sin brújula, dando palos de ciego y legislando a parecer desde el miedo que pudo haber marcado el cine de los Estados Unidos con películas como Terminator o Matrix, en las que las máquinas se rebelaron contra el ser humano.
Por otro lado, pareciera que el proyecto de regulación partiera de la base de que la tecnología al servicio del Estado no forma parte de él, pues le asigna un régimen de responsabilidad propio. Es como si en el pasado hubiéramos querido atribuirle el error tipográfico de un acto administrativo del Estado a Microsoft por un defecto del corrector de ortografía de Word. Suena absurdo, pero la tecnología no es un estado ad hoc: es el mismo Estado, pero apoyado de ella para garantizar que los colombianos ejerzamos nuestros derechos.
De nuevo, empezamos a resolver bien las preguntas equivocadas: el tercer error es querer regular el uso de tecnología inexistente y, por lo mismo, no probada. La lógica del proyecto no debería ser querer regular lo desconocido sino, por el contrario, generar un marco regulatorio para que el Estado (en todas sus ramas) pueda implementar sandbox (aislamiento de procesos), es decir, la posibilidad de desarrollar tecnología al servicio del Estado en un ambiente controlado, en el que se permita la participación de entidades y recursos públicos -sin la rigidez de la vigilancia fiscal tradicional- y que estos esfuerzos puedan ser combinados con iniciativas y recursos privados. Así se puede desarrollar y probar la tecnología mediante programas piloto y corregir errores y, una vez el desarrollo se encuentre maduro, ahí sí regular con certezas y base.
Respetado representante Echavarría: es valioso que desde el Congreso exista la legítima preocupación por empezar a tener la conversación regulatoria en materia de tecnología y desarrollo; es un avance inmenso que podamos generar el debate que aporte para la transformación y que, con apoyo de la tecnología, se logre optimizar el funcionamiento del Estado y la experiencia del ciudadano. Estamos a tiempo de poder recomponer el curso y así desembarcar en el puerto correcto: ¡el del desarrollo!