Por estos días, y a raíz del caso de moda, se ha generado un movimiento que pretende reformar o regular la acción de tutela. El día lunes en una emisora tuve el gusto de oír hablar sobre el tema al actual rector de la Universidad Externado de Colombia, el doctor Juan Carlos Henao, con quien comparto varios puntos de vista. Estoy de acuerdo con él en que no se puede juzgar la tutela por un caso que, como muy acertadamente dice, “es más raro que un perro a cuadros”. 

El caso de Gustavo Petro -más allá de tratarse de una lucha jurídica- es político, y lo digo sobre todo por él pues, a mi juicio, no es coherente que se interponga acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitando medidas cautelares que el Consejo de Estado estaba muy pronto a definir, y además se interponga una tutela en la que se dice, palabras más, palabras menos, que el presidente Juan Manuel Santos prevaricó por no acatar las medidas cautelares sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que denota todo esto es un afán desmedido de permanecer en el poder y no de luchar realmente por un presunto derecho violado.

Se han oído propuestas de todo tipo, como crear jueces especializados en tutelas. En este punto estoy con el maestro Henao cuando señala que “la idea de que todos los jueces conozcan de las acciones de tutela es en gran medida acercar el derecho constitucional a todos los funcionarios judiciales”. En otras palabras: es poner a estudiar la constitución nacional a todo juez que conozca de una tutela y así evitar que se desconozcan derechos en procesos de otras áreas. Ahora bien, la tutela fue creada con propósitos e intenciones nobles; en parte quienes hemos desfigurado estos fines loables somos los litigantes, llevando a abrir un boquete donde se está generando la mayor crisis de la seguridad jurídica hasta ahora conocida, al permitir que la tutela tenga cabida en contra de fallos judiciales (decisiones administrativas).

Soy de los que cree firmemente que la legislación no debe ser producto de la coyuntura, pero el derecho como ciencia social debe estar en plena observancia de los hechos que generan controversia y ser dinámico para ajustarse a nuevas realidades. Es por esto que considero que la tutela se debe reglamentar mas no cambiar en su esencia, es decir, quedó claro que necesitamos reglas para la acumulación de acciones de tutela con identidad, reglar los efectos del abuso por casos como la “tutelatón”, la notificación debe ser más clara, etc. Con esto se evita que los jueces vayan como ruedas sueltas, sea cual sea el resultado de sus decisiones. En lo referente a la tutela contra fallos judiciales, es importante entender la seguridad jurídica como un cohesionador social. La majestad de la justicia en Colombia pasó a ser simplemente representada en la toga que usan algunos funcionarios.

Los colombianos no confían en los funcionarios que administran justicia producto del contrato social suscrito con el Estado. En este momento, más que pensar que hay que reformar la tutela -lo que se requiere-, debemos fortalecer integralmente el sistema judicial, objetivo que no solo se logra con crear más y más juzgados, sino con calidad. Si el presidente Santos dice abanderar la paz, cosa que debe hacer por mandato constitucional y no por que se lo hayamos dado en exclusividad, de seguro debe tener dentro de sus propuestas que, para tener una paz duradera, uno de los cambios estructurales debe ir encaminado a la eficiente y correcta administración de justicia, derecho que tenemos todos y cada uno de los ciudadanos colombianos, incluso aquellos que están al margen de la ley. Sin seguridad jurídica la paz será un papel, la inversión se irá o no llegará de la forma esperada.

Hoy en plena campaña presidencial, ninguno de los candidatos se ha preocupado de hablar sobre el tema, de presentar alguna propuesta de reforma o, por lo menos, mostrar la intención de hacerlo. No es posible que se desatienda esta problemática: sin justicia no tendremos una sociedad sostenible en ningún ámbito. Ese respeto por la justicia empieza en parte por el ejemplo de acatamiento por parte de los gobernantes y del respeto de los medios de comunicación a las decisiones judiciales: con tanta presión mediática hoy los jueces ya no solo están sometidos al imperio de la ley, sino que las cámaras o los micrófonos marcan tendencias o inclinaciones en las audiencias, dependiendo de si están o no.