Desde hace unos meses, y por iniciativa del senador Mauricio Toro, se tramita en Colombia la ley denominada de “pagos justos”. Solo como contexto y casi mantra de esta columna, es importante tener claro que cerca del 96 % del tejido empresarial del país es compuesto por pequeñas y medianas empresas. Además de esta cifra, nuestra vocación de emprender o crear empresa es superior por mucho a la de un país desarrollado, pero por múltiples razones -entre esas el flujo de caja- no logramos que nuestras compañías subsistan en el tiempo y, en otros casos, crezcan, como sí sucede en esas naciones.
Este contexto es muy importante para entender la relevancia de la discusión que se está dando en el Congreso de la República, pues este tipo de iniciativas no son caprichosas. Por el contrario, de estas discusiones y otras que deben darse depende, en cierta medida, que las futuras generaciones cuenten con un puesto de trabajo, ya que, sin los incentivos correctos, nuestras empresas no podrán crecer y con esto limitaremos el desarrollo de nuestra economía.
El martes fue aprobado en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes el proyecto de ley que, como está hoy, busca que las operaciones mercantiles realizadas entre sociedades consideradas grandes empresas no estarán sujetas a los plazos en los pagos previstos en la ley: pasados tres años a partir del primero de enero siguiente a la promulgación de la ley, el plazo máximo de pago será de 60 días; y pasados 6 años a partir del primero de enero siguiente a la promulgación de la ley, el plazo máximo de pago será de 45 días.
En resumen, lo que tiene previsto la ley es lograr que las pequeñas y medianas empresas que facturen no tengan problemas de flujo de caja por causa de retención de pagos por parte de otras empresas. Es decir, que no se vean casos como los que hoy persisten en el país, donde existen empresas que retienen los pagos hasta por 120 días, generando un grave detrimento a la pyme que no cuenta con el flujo de caja suficiente para sostener su operación y financiar los servicios.
En los próximos debates se debe tener cuidado de que la ley no termine siendo contraria a la pequeña y mediana empresa, pues uno de sus efectos no deseados puede ser desincentivar la compra de bienes o servicios a las pymes. Por otro lado, debiera aprovecharse la oportunidad para generar iniciativas que nos permitan tener la oportunidad de discutir otros asuntos que las impactan de manera directa, como el factoring, la definición de una matriz de riesgos diferencial para proyectos de emprendimiento y el tratamiento diferencial en materia tributaria.
Si bien es un gran avance que el Congreso haya volteado los ojos hacia este tipo de iniciativas y la discusión se esté dando, no podemos desaprovechar el momento que se está viviendo, tal como lo está haciendo Juan Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, quien se quedó con el efímero logro de querer reducir algunos trámites innecesarios y no ha impulsado una verdadera reforma que permita la transformación de las condiciones para la creación y sostenimiento de una empresa en Colombia. El desconocimiento por parte de Restrepo del ecosistema emprendedor ha hecho que su efectividad en la política pública de emprendimiento sea exclusivamente la de los titulares de prensa, desaprovechando el tiempo que lleva en el cargo, hechos que presagian su salida temprana pero oportuna del Ministerio.