Desde hace más de una década el mundo viene en una seria tendencia de brindar un marco jurídico claro internacional, para que las empresas sigan directrices que les permitan operar en cualquier parte del mundo respetando un mínimo de garantías de terceros y del medio ambiente en el que operen. Esto se hace con independencia de qué tan robusta pueda ser la regulación en los diferentes países. En 2011, Naciones Unidas aprobó el marco de estos principios rectores que buscan en definitiva proteger, respetar y remediar cualquier situación que vulnere los derechos humanos.

Como es obvio, Naciones Unidas marcó una tendencia en materia de compliance y sostenibilidad, que se empieza a traducir en exigencias para cada una de las industrias y mercados en los que se operan, sobre todo en mercados emergentes. Esto se traduce en que las empresas ya no podrán operar solo pensando en márgenes de rentabilidad, sino que por el contrario deberán invertir en políticas de prevención y mitigación de riesgos ambientales y de respeto de los derechos humanos con el fin de ajustarse a este marco regulatorio.

Es así que el mismo mercado ha convertido el cumplimiento de estos marcos regulatorios en materia ambiental y de derechos humanos en un asunto que está empezando a ser elementos diferenciadores que marcan para bien o no tan bien la reputación de las compañías y por lo tanto impacta su productividad y competitividad en los mercados nacionales e internacionales, pues en una economía globalizada lo que hace la subsidiaria o filial de una compañía en un mercado, por más pequeño que sea, impulsa o golpea a toda la organización.

Es tan serio que las empresas respeten los derechos humanos y ambientales que hay una tendencia creciente en el número de demandas ante la justicia nacional de la casa matriz o lugar de operaciones, ante la justicia extranjera en relación con su cadena de valor, o ante la justicia regional contra los Estados, como en los sistemas regionales y universal de los derechos humanos.

Ante ese panorama, me di a la tarea de consultar a Tatiana Londoño, quien es la profesional en Colombia con mayor conocimiento y experiencia en estos asuntos relacionados con los derechos humanos y la aplicación en las empresas. Tatiana me mostró un horizonte aún más complejo de lo que yo mismo logré investigar. Me explicó que se han venido presentado a nivel internacional demandas hasta hace poco inimaginables, como de inversionistas y accionistas demandando a directivos de sus propias empresas, ya que, por mala gestión en materia de derechos humanos, se han presentado pérdidas importantes del valor accionario.

Incluso me comentó que, han sido grupos como el de 101 inversionistas representando más de US$4,2 trillones en activos que se unieron en la Alianza de Inversionistas por los Derechos Humanos, quienes han presionado en instancias como la Unión Europea para que se expidan directivas regulatorias haciendo vinculante la debida diligencia en derechos humanos.

Así que con estos antecedentes dejarán de ser solo directrices para que en el mundo se vuelva obligatorio en los próximos meses. Esto sin duda desencadenará un efecto cascada en el mundo entero.

Así que ojo con este tema porque ya en Colombia la Defensoría del Pueblo ha venido socializando un borrador de proyecto de ley construido con apoyo de la cooperación internacional que buscará hacer obligatoria en Colombia la debida diligencia en derechos humanos para empresas grandes y medianas de todos los sectores económicos, y que estas gestionen, a su vez, el respeto de derechos humanos de todos sus proveedores, así que pilas pues que los derechos humanos ya no solo serán discurso sino índice de competitividad para las empresas y requisito de contratación para otras.