Un gran porcentaje de colombianos ha creído erróneamente que la dificultad para el proceso de paz -que actualmente está vigente con la guerrilla de las Farc- es la oposición que desde algunos sectores, encabezados por el uribismo, se le hace a los diálogos con ese grupo. Y que tal oposición ha tenido como bandera para considerar que se firme un acuerdo de cese del conflicto que haya una justicia transicional, y que quienes lideraron los diferentes crímenes que se cometieron no participen en política. Otros, por el contrario, creen que el mayor obstáculo a este proceso es la continua defraudación y abuso de las Farc del anhelo de paz que tiene el país. Lo anterior al haber visto cómo los grandes jefes de la guerrilla han irrespetado, en muchos casos, la memoria de las víctimas y el dolor de quienes han tenido que sufrir las consecuencias de más de cincuenta años de conflicto interno. Pero como sociedad debemos dar el paso que se requiere para decantar, asimilar y procesar algunos de los acuerdos en los que, gústenos o no, debemos ceder para algún día eliminar la violencia de las armas. 

Sí, estos son escollos por los cuales todo proceso debe pasar para llegar a concretarse como una realidad en una sociedad ávida de reconciliación, de manera que pueda encontrar la identidad de país en escenarios lejos de la violencia y erradicar el mal endémico de nuestra sociedad: la indiferencia. Esa misma indiferencia que privilegia las agendas personales que han llevado a crisis institucionales de tal magnitud que las personas terminan generando repulsión por el establecimiento político y terminan resolviendo sus conflictos bajo el marco del linchar al ladrón y buscar la justicia del ojo por ojo. 

Aunque se pueden considerar estos hechos como los principales elementos a derrotar para por fin acabar el conflicto, o por lo menos entrar al posconflicto, la barrera real que se debe superar es: tener un cambio de mentalidad. Indiscutiblemente debemos, como país, empezar un segundo capítulo de la historia, y esto se hace con un proceso de construcción en el cual seamos capaces de ver al guerrillero y paramilitar resocializado, con todos sus derechos, y no como ciudadano de segunda categoría. Esto se logra con educación; hay que dar el primer paso en el cambio del modelo educativo para ser una sociedad incluyente. Fue injusta la forma en la que se ha presentado el supuesto “Carrusel de la Paz”; esta etapa necesita comunicarse de muchas formas y generar esas dinámicas que acarrean un costo que no puede verse como comprar conciencias. Yo daría todo por que se pudiera cambiar la escuela del pensamiento en la que se refiere al que piensa diferente con calificativos despectivos por su posición personal, sexual o política. 

Pero el más difícil de los momentos que afrontará el proceso de paz será cuando se revele el alto costo de implementación. No podemos ser ajenos al concepto económico del derecho; es decir que la garantía para que alguien goce de determinadas prerrogativas representa un valor en dinero que afecta el presupuesto y se debe proyectar. Si no pensamos con sentido de planeación, la paz está condenada a fracasar desde antes de que se terminen de firmar los acuerdos, porque el costo superará el presupuesto nacional de varios años juntos, y eso sin sumarle los costos habituales como país. Por eso debemos cuestionarnos: ¿sabemos cuál será el verdadero costo de la paz? ¿están los colombianos dispuestos a pagarlo? En mi caso, debo decir que vale la pena.