Todos sabemos que Colombia es un país complejo y lleno de laberintos difíciles de sortear. Entre esos laberintos oscuros se encuentra el regulatorio. Hace pocos días fue noticia en el país la decisión de una jueza de pequeñas causas laborales que decidió reconocer y ordenar a la plataforma Mercadoni pagar las prestaciones sociales a uno de sus auxiliares.
Las reacciones no se hicieron esperar. En su gran mayoría afirmaban que el país no quería salir del tercer mundo, que nuestros jueces nos estaban llevando a masacrar las iniciativas digitales, y así cada una más fatalista que la anterior. Lo mismo ha sucedido con el caso de Uber y de la regulación societaria en materia de aportes en “monedas electrónicas”, entre otros casos que han ocupado titulares en los últimos meses.
Si bien respeto el pensamiento del otro, también creo que este grupo de personas que piensan de esa manera se equivocan y me voy a explicar por qué. Volvamos al caso de Mercadoni y tengamos como contexto que los jueces en Colombia -incluida la juez sexta laboral de pequeñas causas- están obligados a tomar sus decisiones de acuerdo con la ley existente al momento en que se presenten los hechos que dan origen al proceso judicial. Ahora bien, en materia laboral en el país la normativa no hace distinción ni genera regímenes dependiendo de si la compañía es un emprendimiento digital que no existía a una que lleva cincuenta años funcionando en el país.
Así que, contrario a los biempensantes que le cayeron en manada a esta juez, ella tan solo decidió acorde a la normatividad vigente, por lo que, parafraseando el dicho popular, el problema no es de indio sino de flecha.
La misma suerte han corrido otros casos afamados de desarrollos digitales a los cuales no hemos adaptado la regulación y que están siendo presas de la ausencia regulatoria y, por otro lado, del populismo legislativo que quiere, sin mucho criterio, colgarse la medalla de haber sido el héroe que salvó el ecosistema emprendedor. Por el contrario se está cometiendo el mismo error de otras iniciativas, así que el problema no es solo la ausencia, sino la mala regulación.
Pero no todo está perdido. Como muy bien lo ha afirmado Julián López Murcia, quien hoy es uno de los mayores exponentes de las nuevas tendencias regulatorias en el país, no todo vale a la hora de regular, mucho menos en momentos de coyuntura. Esto quiere decir que Colombia es un país con un síndrome regulatorio (no necesariamente más es mejor), que nuestra forma de interacción entre el regulador y el regulado es traída de un modelo obsoleto (borrador y comentarios) y, no menos importante, debemos buscar que la regulación salga del cliché del garrote y pasemos al modelo exitoso en que logre modificar comportamientos.
¿Pero cómo lo logramos salir de la pobreza regulatoria? Con lo que se conoce como “regulación inteligente”, basada en varios pilares que buscan que, a la hora de generar normas, se haga con combinación de herramientas, que la intervención del Estado sea la mínima posible, que la regulación reconozca la diferencia entre los agentes que regula, que les dé incentivos a los diferentes actores para que tengan instrumentos de autorregulación y, por último, que busque maximizar las situaciones que permitan que el mercado y los diferentes actores entren en un sistema de gana-gana.
Así que, señor Presidente, la apuesta de innovación no se puede quedar en pensar en digital: es momento de ser disruptivos en materia regulatoria. ¡El país lo necesita!