No es justo con la justicia. A pesar de lo redundante que pueda sonar, hoy, por cuenta de múltiples escándalos, la justicia está violada, ultrajada y abandonada a la peor de las suertes por cuenta de unos pocos que, si bien no son la mayoría, sí hacen el eco suficiente como para generar el daño casi irreparable a la majestad Justicia. 

Son varias las enfermedades que achacan a la justicia como catalizador social, todas igual de complejas, y en algunos casos terminales, donde no ha quedado más remedio que extirpar el cáncer, como terminó siendo la suerte del Consejo Superior de la Judicatura, que, cierto o no lo que se dice, pagó cara su sobrexposición. El llamado cartel de testigos falsos, esta pandemia que se ha esparcido en el país tan rápido que permitió que muchos colombianos tuvieran que vivir el infierno de perder su libertad a pesar de su inocencia. Claro ejemplo de este terrible mal es el exdiputado del valle Sigifredo López, quien fue presa de un afán mediático y de la ligereza de quien adelantaba la investigación que no tuvo la rigurosidad metodológica para sopesar, analizar, estudiar y verificar lo afirmado por estas personas.

Este hecho de los testigos falsos tiene su origen en varios aspectos. Se debe partir de la base de que el delincuente ha encontrado en el sistema de beneficios una salida fácil a sus problemas, sin importar que su declaración termine por acabar con la vida de otros. A esto se le suma el abuso que ha hecho la justicia penal en general de la prueba testimonial, que, si bien es un mecanismo probatorio, en Colombia se ha desgastado a tal punto que termina por pasar lo del famoso cartel de testigos; que no podrá ser eliminado de nuestro sistema sino hasta que tengamos un cambio estructural de actitud y mentalidad, tanto de los ciudadanos como de las instituciones. 

Siendo el hecho de la cartelización de los testigos un problema grave y que tiene serias dificultades para la viabilidad financiera del país, no se han tomado las medidas suficientes para terminar con este flagelo. La oficina jurídica de defensa del Estado publicó hace tal vez un año o dos las cifras que por detenciones injustificadas cursan en los diferentes despachos judiciales del país, suma nada despreciable, atribuible en unos casos al “cartel”, pero en otros a la ausencia de criterios objetivos para solicitar una detención por parte de los fiscales, los cuales en muchos de los casos sustentan sus tesis en testimonios sin verificar, como fue el caso Colmenares, que terminó quedando impune por la falta de gerencia procesal. 

Otro de los hechos que enloda a la justicia es el que hace poco vivimos con el vergonzoso y bochornoso suceso de que el Presidente de la Corte Constitucional fuera denunciado por un compañero por presuntamente haber recibido una suma de dinero en nombre propio y del denunciante. Este nuevo episodio se suma a los que en los últimos años han vivido las altas cortes del país, pero termina por ser la estocada final para una justicia moribunda, manoseada y desprestigiada en todos sus aspectos. En un país serio, un magistrado al que se le pusiera en duda su honorabilidad ya hubiera renunciado con el fin de no afectar con su decisión a la corporación que preside y mucho menos a la justicia que dice dictar en sus ponencias. Pero recordemos que estamos en el país del “aquí estoy y aquí me quedo”. Por eso el señor magistrado se equivoca pidiendo explicaciones; es él quien debe darlas a instancias de la comisión de acusaciones. 

Este hecho va quedar en el pasado, tranquilos. Nuestra capacidad para ser indolentes y pasar la página rápidamente hará que, así como el show del hijo del presidente de la Corte Suprema quedó en nada -a pesar de usar indebidamente bienes del Estado-, todos de nuevo olvidemos, y la única perjudicada será la justicia, a la que ni con el pétalo de una rosa se le debió tocar.