Colombia quiere inversión privada, grandes proyectos de infraestructura y contratistas de primer nivel, porque entiende que el Estado no tiene por sí solo ni los recursos ni todas las capacidades necesarias para ejecutar las transformaciones que el país necesita. Sin embargo, para atraer capital, experiencia y tecnología no basta con anunciar que somos un país abierto a la inversión; también tenemos que construir las condiciones para que quienes están dispuestos, por lo que estamos ante una maravillosa oportunidad de corregir el rumbo.

El capital no llega por entusiasmo, patriotismo o discursos, sino después de evaluar variables mucho menos atractivas para la conversación pública, pero determinantes para cualquier decisión de inversión: la estabilidad de las reglas, la posibilidad de anticipar los riesgos, la calidad de las instituciones y, por supuesto, qué ocurrirá si durante la ejecución de un contrato aparece una controversia, quién estará llamado a resolverla y cuánto tiempo puede tomar encontrar una solución.

Esta conversación es pertinente y relevante porque desde el gobierno de Gustavo Petro se expidió la Directiva Presidencial 05 de 2025, que profundizó los requisitos para acudir al arbitraje, exigiendo evaluaciones jurídicas y económicas, justificación documental y concepto previo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; que no es otra cosa que una forma de desincentivar el pacto arbitral como mecanismo para resolver las controversias. La inversión comienza cuando existe confianza suficiente para decidir traerlo, no cuando llega el dinero.

La intención de proteger al Estado puede ser comprensible. Los recursos públicos exigen responsabilidad y el arbitraje o cualquier otro mecanismo alternativo, no debería convertirse en una cláusula automática incorporada sin analizar la naturaleza y complejidad de cada proyecto. Lo que debe ponderarse es si: ¿en el esfuerzo por proteger al Estado terminamos construyendo barreras que desincentivan mecanismos que también pueden protegerlo y, simultáneamente, generar confianza?

Los grandes proyectos involucran riesgos técnicos, financieros, regulatorios y jurídicos que pueden extenderse durante décadas, de manera que quien decide participar no solamente calcula cuánto puede ganar, sino también qué puede salir mal y cuáles herramientas tendrá disponibles si eso ocurre. Saber desde la estructuración que una eventual controversia podrá resolverse mediante un mecanismo especializado y adecuado a la complejidad del contrato no elimina el riesgo, pero permite entenderlo, medirlo y asignarle un valor menor a que si no se tuvieran.

Por eso tampoco deberíamos reducir esta discusión a escoger entre jueces y árbitros. Se trata de estructurar contratos en los que la solución de controversias forme parte de la arquitectura del proyecto desde el comienzo, utilizando arbitraje, amigable composición, paneles de expertos u otros mecanismos cuando las características del negocio así lo justifiquen, en lugar de comenzar a pensar en soluciones cuando el conflicto ya explotó.

La confianza también tiene infraestructura, aunque no pueda fotografiarse ni inaugurarse cortando una cinta, porque se construye con reglas estables, instituciones creíbles, contratos bien estructurados y mecanismos eficientes para resolver los desacuerdos que inevitablemente aparecen cuando se ejecutan proyectos complejos.

Si el gobierno pretende movilizar inversión y colaboración privada para acelerar el desarrollo del país, esta columna es una invitación para que desde el Ministerio de Comercio y la Secretaría jurídica de Presidencia pongan en la agenda las señales que el propio Estado está enviando al mercado y preguntarse si las directrices vigentes alcanzan realmente el equilibrio entre proteger los intereses públicos y facilitar mecanismos eficientes de solución de controversias.

Desde mi perspectiva, la Directiva Presidencial 05 de 2025 debería derogarse en su totalidad y en su reemplazo expedir una nueva directiva que sea -como lo dijo el presidente en campaña- extremadamente coherente con su propósito de atraer inversión y desarrollar proyectos de alta envergadura que necesita país. El objetivo de esta debe ser la de flexibilizar las condiciones para pactar arbitraje y otros mecanismos de resolución de controversias, de esa forma se le da infraestructura jurídica al desarrollo del país.

Si Colombia quiere a los mejores inversionistas, financiadores y contratistas, también debe comprender las condiciones que estos necesitan para competir, porque seguridad jurídica no significa garantizar que nunca existirán controversias, sino ofrecer la certeza de que, cuando aparezcan, existirán reglas conocidas, instituciones confiables y caminos razonablemente eficientes para resolverlas.