Yesid Reyes Alvarado se posesionó como ministro de Justicia del Gobierno de Juan Manuel Santos el 21 de agosto de 2014. Su nombre ilusionó a quienes conocemos de su trayectoria y antecedentes, y generó una expectativa importante frente a la cirugía extrema que requiere la justicia en Colombia para que tenga algún día la confianza de los ciudadanos: se necesitaba de su liderazgo para que los nuevos vientos vinieran. Sin embargo, ha ocurrido como todo en la administración del presidente Santos: entre el caos y los ceses de actividades. 

Durante el periodo en que el ministro Reyes ha estado al frente de esta cartera, se han presentado dos paros judiciales que en suma, sin contar con la vacancia judicial y los días festivos, resultan en que la justicia ha estado inoperante por 110 días y contando. Mientras la justicia no funciona, él posa pomposo en las portadas de diarios y revistas hablando de justicia transicional como si todo fuera “a sus espaldas”, pretendiendo que la justicia corra, cuando hoy ni sabe caminar.  La percepción de la administración de justicia en este país es desastrosa: según datos revelados por el desilusionante ministro Reyes en un foro académico, 8 de cada 10 ciudadanos no confía en la justicia. Lo anterior, sumado a las cifras de aplazamiento de audiencias, son evidencias más que suficientes para pensar que el problema no  se explica solo desde la Rama Judicial, sino porque desde el ejecutivo no existe un líder que pueda reformar la mediocre justicia que tenemos. 

Que las multinacionales decidan cerrar operaciones en Colombia podría verse como un hecho aislado de la crisis institucional y funcional de la justicia o atribuirse solo a la excesiva carga tributaria, pero no es así. Sin duda, la estabilidad y seguridad jurídica son puntos que se valoran a la hora de mantener operaciones en un país, y estos mismos son los célebres ausentes en Colombia, por cuenta de un Gobierno que se ha dejado tomar el pulso en todos los niveles y que malgastó el Fondo para la  Modernización de la Justicia en darles contentillo a los dirigentes de los cada vez más abundantes sindicatos de la justicia, con quienes ya no se puede dialogar porque, como pasa en los diálogos de la Habana, no representan a las bases.

Es tan grave la radiografía de la seguridad jurídica en el país, que ya ni los tribunales de arbitramento son patente de corso para garantizar la firmeza de sus decisiones, lo que nos pone en las escalas más bajas de competitividad a nivel regional y genera un clima de inversión de las dimensiones de Venezuela, pues aunque muchos en Colombia se ríen al ver cómo se incendia el jardín del vecino, a nosotros se nos está incendiando la casa. No obstante, para el ministro Reyes parece que ni el tal paro judicial existe ni mucho menos la pésima administración de justicia, cuando son problemas de tal magnitud que no solo afectan a quienes están en litigio o viven de él. Por el contrario, el mal funcionamiento de la justicia, en su rol de catalizador social y generador de estabilidad a quienes asumen la responsabilidad de operar en el país, impacta en tal medida los aspectos económicos que la deserción empresarial es un hecho. La reacción del Gobierno, por su parte, es tener miembros de su gabinete con funciones decorativas, tal como pasa con el ministro de Justicia en estos momentos. Así que solo me queda por hacer público un clamor popular: ministro Reyes, ¡renuncie!