La semana pasada el presidente Petro anunció, lo que, según él sería uno de sus programas para reducir la violencia en el país. No cabe duda de que lo primero que como ciudadanos debemos ser conscientes es que en materia regulatoria lo que por lo general busca un estado es incentivar o desincentivar determinados patrones de comportamiento.

Otro de los aspectos que es también relevante entenderlo, es el referido al impacto económico de las políticas públicas. Toda regulación lleva consigo un costo inherente a su implementación y en este específico caso, mucho más alto, pues el incentivo que se pretende dar para no matar es dinero. Como bien lo dijo Alejandro Gaviria, hay muchos dilemas frente a la propuesta, incluso filosóficamente puede incentivar la participación en actos violentos a quienes tampoco tienen oportunidades, no son actores violentos y también tienen necesidades.

Colombia es un país sobre diagnosticado. Los males que nos aquejan son endémicos y culturales que el dinero como incentivo no va a solucionar. Es cortoplacista pensar de esa manera. Toda política pública tiene un periodo de adaptación y eso lleva a que para revertir el comportamiento y que se adhiera al ADN social se requiere de tiempo y consistencia en su aplicación. Esta regulación propuesta por el presidente Petro no es más que el absoluto desconocimiento de nuestro funcionamiento como tejido social. Creer que el dinero público puede competir con el que está dispuesto a pagar una banda criminal, el narcotráfico o cualquier otra estructura que tenga como propósito la comisión de delitos, es mucho más que ingenuo.

Está tan arraigada la cultura de violencia como forma de vida en Colombia que difícilmente ese incentivo será efectivo. En Colombia debemos saber ser francos y entender que en el corto plazo es posible que no todos los jóvenes salgan de las estructuras criminales y mucho menos si se es tan facilista en las propuestas. Debemos estar dispuestos a perder en el proceso de innovación social.

El país necesita poder tener presencia de estado generalizado, que servicios básicos como vivienda digna, salud y educación no sean más preocupaciones. Que, entendiendo el potencial rural del país, el desarrollo de infraestructura no siga detenido por cuenta de no tener claro el camino por el cual se va a conducir el país. No se puede entender al presupuesto nacional como un bolsillo sin fondo al cual se le puede echar mano sin tener clara la regla fiscal y de gasto público que debe tener el país para poder mantener buena calificación internacional.

Así que como siempre lo he dicho, la apuesta está en el mediano y largo plazo. El camino también está más que claro que, enfocar los esfuerzos para el desarrollo de un país en la educación, innovación y el desarrollo por medio de incentivos a la investigación que genere valor agregado y con este, modelos de negocio que aumentan la empleabilidad, es rentable. No olvidemos que los países crecen al ritmo de sus empresas y seguimos desperdiciando nuestra biodiversidad, usándolo solo como slogan, pero no apalancando el crecimiento del país en él. Es una apuesta ambiciosa, pero con la que el país ganará, acabará este paradigma y dejará de ser rentable políticamente la demagogia de derecha e izquierda. Esperemos que algún día en Colombia dejemos de responder muy bien, las preguntas equivocadas.