El país cerró el año 2020 con el anuncio de la sanción presidencial de la nueva Ley de Emprendimiento. Algunos sectores celebraron este nuevo intento por impulsar la economía y sí, es un avance, pero en momentos en los que se requiere ser tanto audaces como prácticos no se apostó a fondo. Seguimos respondiendo correctamente las preguntas equivocadas.

Esta columna aplaude los pasos tímidos dados en la dirección correcta, pero como presidente de la Asociación de Emprendedores de Colombia (Asec) es mi deber no quedarme como parte del comité de aplausos, sino poner sobre la mesa la discusión para que podamos avanzar mucho más en beneficio del ecosistema emprendedor.

Se ha demostrado hasta el cansancio que centrar el foco en creación de empresa no trae crecimiento. Sin duda, a mayor tamaño de las empresas que forman parte del tejido empresarial de un país, mayor es la generación de riqueza y la posibilidad de su distribución. No desconozco que hay que tener programas que atiendan necesidades de la base de la pirámide, pero si la apuesta de esta ley es la reactivación y el crecimiento cuando no sobran los recursos, el verdadero lugar para centrar esfuerzos es en esas empresas que ya se validaron en el mercado y que generan valor.

Uno de los ejes que me generaron controversia (no por el tema propiamente dicho sino por la naturaleza del país) es que iNNpulsa podrá recaudar fondos de privados y tomar decisiones de inversión. Hasta ahí todo suena interesante, pero preocupa que en un país con la tendencia de convertir a las entidades técnicas con grandes presupuestos en botines políticos y burocráticos que terminan ejecutándolos incorrectamente, estemos generando incentivos para que en el futuro iNNpulsa termine siendo una cuota política más y no lo que se pretende. Amanecerá y veremos.

Ademas de esto, a iNNpulsa se le entregaron grandes responsabilidades en todas las etapas del emprendimiento. Como dicen las abuelas, “el que mucho abarca poco aprieta”. Mi lectura personal es que esta entidad va a dispersarse tanto en sus funciones que no será contundente en ninguna de las etapas del ecosistema emprendedor y correrá el riesgo de terminar como la barca que naufraga con un solo remo: dando vueltas sin llegar a su destino.

Otra de las apuestas fue la inclusión de nuevos criterios de desempate en las compras públicas, para tratar de incentivar la participación y la adjudicación de estas compras a los emprendedores. Apuntamos, pero de nuevo no le dimos al blanco. Según cifras de Colombia Compra Eficiente divulgadas en diciembre pasado por la Vicepresidencia de la República y la Secretaría de Transparencia, cerca de 70 % de la contratación del país se hace de forma directa y por regímenes especiales, donde solo participa un contratista. La Ley Pyme no lo logró y esta vez no creo que tampoco se consiga, pues el mayor criterio para tomar una decisión contractual en Colombia pasa por el precio. Lo audaz hubiera sido asignar un porcentaje del presupuesto de cada entidad nacional o territorial en el que se debe permitir la adjudicación a las Mipyme. Esperemos que el efecto sea positivo, yo no lo soy tanto.

En fin, si bien se avanza en puntos, esta Ley no puede ser un punto de llegada del emprendimiento; por el contrario debe ser uno de partida para avanzar con mayor fuerza. Si con esta Ley se quería dejar una herencia en materia de emprendimiento, siento aguar la fiesta: aunque se avanza, está muy lejos de ser un legado.