Tal vez por estrategia, el gobierno nacional ha desenfundado un arsenal de reformas y el l plan nacional de desarrollo las cuales tendrán que socializarse, entenderse y discutirse de manera paralela. Difícil se hace poder asimilar todos los ajustes y transformaciones, pero lo que salta a la vista en cada una de las propuestas de reforma es la toma poco a poco de atribuciones y facultades que ponen en riesgo el funcionamiento de la estructura del estado.

Para no ir más lejos, ante la presentación del proyecto nacional de desarrollo los congresistas y algunos ciudadanos hemos quedado perplejos, debido a que, a pesar de que pareciera que el principio filosófico tiene buenas intenciones en términos de crecimiento económico y social, se están cometido graves errores.

Colombia por mandado constitucional es un país descentralizado y por servicios. Lo que significa en palabras sencillas es que somos un país descentralizado porque tiene un gobierno central y gobiernos locales y regionales que toman decisiones y prestan servicios en diferentes partes del país. Teniendo a la vista esto, uno de los puntos más preocupantes es que presidente Petro pretende tomar facultades extraordinarias que le permitan tomar decisiones sin consultar a los gobernadores y alcaldes, lo que significa una transgresión a la autonomía territorial. Esta medida, además de ser inconstitucional, puede tener consecuencias nefastas para la gobernabilidad y el desarrollo del país.

Además de los claros tintes de centralismo que vienen camuflados en las reformas y el PND, la gran incógnita es la falta de claridad en cuanto a la financiación del proyecto. El gobierno nacional ha dicho que se financiará a través de la reforma tributaria, lo que trae como consecuencia que la casi inexistente clase media del país sea quien va asumir la carga tributaria de la financiación de un proyecto que nace desfinanciado.

No bastando con todo lo que viene, el gobierno ha anunciado que se reducirá el gasto público, lo cual podría tener graves consecuencias negativas para la inversión en educación, salud y seguridad. No se entiende cómo se pretende por un lado hacer una cosa y por el otro se anuncia otra. ¡Amanecerá y veremos!

Como la mayoría de las reformas, el plan nacional de desarrollo no se queda atrás con la falta de diálogo con los sectores productivos del país. Los empresarios y los trabajadores no han sido consultados sobre el proyecto y no han tenido la oportunidad de participar en su construcción. Esto es especialmente grave en un país como Colombia, donde el sector empresarial juega un papel importante en la economía y en la generación de empleo.

Por último, es inquietante la falta de propuestas y medidas concretas para abordar los problemas de corrupción y violencia en el país. A pesar de que estos temas son claves para el desarrollo económico y social de Colombia, el proyecto nacional de desarrollo del presidente que vino a acabar con la corrupción, apenas los menciona de forma superficial, sin ofrecer -de nuevo- soluciones concretas.

En resumen, el proyecto nacional de desarrollo presentado por el gobierno en cabeza del presidente Petro tiene muchos defectos como para que pase a pupitrazo puro. Entre el modelo centralista de estado que se propone, la falta de claridad en cuanto a la financiación, la ausencia de diálogo con los sectores productivos y la falta de medidas concretas para abordar los problemas de corrupción y violencia son los principales puntos que nos deben llamar la atención para no tragar entero. Es necesario que se tomen medidas urgentes para corregir estos errores y garantizar que el proyecto tenga éxito en beneficio de todos los colombianos. Parafraseando otro dicho, puedo decir: ¡el cambio sí, pero no así¡