Colombia es un país particularmente conservador en unos aspectos, mojigato en otros y me voy a explicar. En el país si uno pregunta en algunos grupos de personas, niegan haber accedido a páginas con contenido sexual para adultos y mucho más se esconde la idea de haber probado la marihuana. Tan solo el año pasado, la empresa Branch reveló que PornHub (sitio de contenido sexual para adultos) recibe diecinueve millones y un poco más de visitas al mes, de usuarios ubicados en Colombia.
A su vez el Dane en una encuesta del año 2019 reveló que al menos 8,3 % de los encuestados informó haber consumido alguna vez en su vida marihuana. En ambos casos, si se les preguntara públicamente a las personas, en un porcentaje alto negarían alguna de los dos consumos o al menos uno. Hice el ejercicio con algunas personas de mi oficina y llegamos a la conclusión que todavía nos falta como sociedad tener un diálogo abierto en este tipo de temáticas.
Pero esta columna no está dedicada a la sobre diagnosticada cultura colombiana. El pasado martes se creía que iba a ser el día clave para por fin cambiar el paradigma de la regulación del cannabis de uso adulto en el país. De pasar de un régimen de prohibición, persecución y criminalización, a un modelo de política pública en la que -tal como lo reseña el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed), en su informe número 12- son mayores los beneficios que tiene el estado y la población colombiana con la ley que los riesgos que se enfrentarían con este modelo regulatorio.
Si bien el proyecto de ley no es perfecto, vale la pena que se acojan las recomendaciones dadas por el Cesed sobre, por ejemplo: la importancia de un marco regulatorio claro salud pública al diseñar las estrategias pedagógicas adecuadas y adoptar el artículo trece del convenio marco para el control del tabaco y el cannabis, el empaquetado con advertencias de los riesgos del consumo, así como identificar las poblaciones afectados para ser priorizados, entre muchos otros.
A pesar de los efectos positivos que puede generar el cambio regulatorio, que van desde la sustitución progresiva del mercado legal por el ilegal, la mejora en las condiciones de población vulnerable que ha sido víctima de la guerra y se ha visto en la necesidad de ser cultivadores de marihuana (siguiendo el ejemplo de lo están haciendo los estados de Nueva York y Massachusetts), el recaudo fiscal, la seguridad para quienes consumen de manera recreativa e incluso medicinal, hasta la eficiencia que se puede generar en la lucha por el mercado ilegal, el proyecto de ley no haya podido ser discutido y votado por falta de quórum para deliberar. Se la fumaron verde quienes decidieron no asistir al debate.
Lo indignante no solo es el ausentismo en un debate de política pública que le da la oportunidad al país de hacer este cambio regulatorio que según los estudios, generará efectos positivos frente a la violencia, la búsqueda de oportunidades para sectores del país que solo conocen la guerra, etc. Lo que es más vergonzoso es el pretexto de la bancada del partido Cambio Radical. El senador David Luna afirmó que no volverán a la comisión hasta que el ministro del interior se disculpe por un supuesto desplante que le hizo este al senador Motoa, esperemos que no se ausenten de esta cita histórica. ¡parecen niños jugando en la mesa de grandes!