El pasado 29 de agosto, el representante a la Cámara, Hernán Penagos, radicó el proyecto de ley No. 123 del Senado, “por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la dignificación del trabajo de la población rural en Colombia y el establecimiento de un piso de protección social mínimo. (Seguridad social rural)”, preparado por la Federación de Cafeteros y que suscribieron otros 12 representantes, sin cambiarle una coma.

En primer lugar, hay que decir que este proyecto de los cafeteros es diferente al No. 83 de 2016, que ya cursa en el Senado y que estaba siendo concertado entre los gremios agropecuarios, en la SAC. Por lo tanto, nuevamente como en la Reforma Tributaria, el sector cafetero se aparta de las demás actividades agrícolas en la lucha por sus intereses. De hecho el no cumplir con el régimen laboral en el campo, significa que ya es diferente, y es precisamente la causa de las migraciones que dejan el campo sin mano de obra, también una de las razones de la pobreza y causa del conflicto.

No se puede quejar el empresario agrícola por la falta de mano de obra, cuando el trabajador antes se desplazaba a las zonas cocaleras en busca de un mayor ingreso, y ahora a los programas de erradicación, pero siempre en busca de mejores condiciones. La única forma de evitarlo es ofreciendo condiciones similares a las de otras actividades agrícolas formales. El verdadero aporte de los empresarios del campo a la paz, es precisamente otorgar al trabajador rural las mismas condiciones que disfruta el urbano, para cumplir la ley y hacer justicia. Además, es un gran negocio retener la gente en el campo además de garantizar paz y seguridad.

El proyecto de los cafeteros define principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integridad, especialidad y dignificación; propone un piso mínimo de protección social que enaltezca a los trabajadores del campo, pero por cuenta del Estado deben acceder a salud y pensiones. Se argumenta que muchos de estos trabajadores no llegan al salario mínimo, lo que implícitamente reconoce que no se cumple la ley que lo fija.

Propone por primera vez, un jornal diario integral para el campo 35 % por encima del básico, contribuyendo a la seguridad social. Sin embargo, crea la figura del Contratista Independiente Agropecuario, Trabajador Agropecuario Dependiente y Trabajador Agropecuario del Régimen Contributivo, clasificaciones que seguramente suscitarán profundos debates, por cuanto pueden ser una vía de escape.

Queda sin resolver el problema de 80% de los que laboran en el café, que son trabajadores por cuenta propia. Aparece en un momento electoral álgido un tema que se debe abordar directamente por parte del Gobierno, dado que se reforman con este proyecto el código laboral, el régimen de seguridad social y el estatuto tributario. Aunado a lo anterior, debemos tener en cuenta que en el acuerdo de paz está por desarrollarse el punto denominado “Formalización laboral rural y protección social”.

Es de suponer que, por tratarse de la Federación de Cafeteros, entidad en la que tradicionalmente por concertación se adoptan las políticas públicas para los cafeteros, este proyecto tiene la bendición del Gobierno, en cabeza del Ministro de Hacienda quien preside la delegación, pero sorprende que no sea de iniciativa gubernamental, cuando la formalización laboral ha sido un propósito del Gobierno y una contribución a la paz .