El próximo 7 de julio vence el contrato de administración del Fondo Nacional del Café por parte de la Federación Nacional de Cafeteros, el modelo absoluto de parafiscalidad que rige desde 1940 y que ha sido implementado en otros sectores desde la ley 101 de 1993.
No existe duda que la Fedecafé es la entidad nacional más representativa, con vigencia de principios democráticos en la integración de sus órganos colegiados de dirección y representación, razón por la cual, seguramente, el gobierno en cabeza del ministerio de hacienda debe proceder a la renovación.
Sin embargo, es al gremio cafetero -como contratista- a quien corresponde activar la negociación con suficiente anticipación, lo que no ha sucedido en este caso; posiblemente, porque consideran a la ministra de agricultura “de bolsillo”, ya que gateó en los corredores de la Fedecafé.
Así, la gran incógnita la constituyen el ministro de hacienda y su equipo, ya que este contrato está adscrito a esa cartera, y desde luego, el presidente que ha sido hostil a la Federación -y no parecería posible que deje pasar la oportunidad de al menos hacerle algunas modificaciones-.
En términos generales el contrato permite al gobierno implementar todas las decisiones para una política pública que beneficie a los productores de café, para lo cual es fundamental una reunión periódica pactada en el mismo, que no permita que se repita el aislamiento -como en este gobierno- lo que se convierte en el paraíso para el administrador y en una descoordinación absoluta.
Fundamental que mensualmente, el asesor del gobierno para los asuntos cafeteros pueda revisar las cifras financieras y contables para reportar al gobierno, y así, establecer una auditoría interna como en toda sociedad inscrita en bolsa o vigilada por Superfinanciera. En la actualidad las cifras son auditadas mucho tiempo después por parte de la Contraloría General de la República, con un sesgo político muchas veces y a conveniencia, como sucedió con los contratos a futuro.
Si el gobierno quiere dejar una impronta democrática, debe exigir al contratista modificaciones en los estatutos para profundizar la democracia y la transparencia.
Por ejemplo, debe exigir que los delegados al Comité Nacional sean distintos a los miembros del Comité Directivo; lo anterior porque en el primero se definen con el gobierno las políticas públicas y en el segundo se defienden legítimos intereses privados. Es la oportunidad para que cada departamento elija a un profesional destacado y con amplio recorrido en todos los ámbitos.
De otro lado, sería conveniente que los miembros del Comité Directivo -el gremio privado- sean los presidentes de los comités departamentales, que son elegidos por voto directo de los cafeteros y transmiten el sentimiento permanente de lo que sucede en el territorio.
Además, el gobierno debería exigir que los delegados al congreso cafetero puedan votar libremente, y terminar de una vez por todas con la votación únicamente en cabeza del presidente de cada departamento, con los votos que de manera absurda son diferenciados de acuerdo con la producción. De la misma manera, es la oportunidad para cambiar los factores de distribución de los recursos, para que sean por número de cafeteros y no por producción.
También, es necesario exigir que los estatutos se adapten, y las circunscripciones sean por número de cafeteros y no por producción. Un gremio que todos los días hace alarde de que lo conforman 550.000 productores, pero solo unos 380.000 cedulados, en el que el 98 % de los cafeteros poseen menos de cinco hectáreas en café; para profundizar la democracia, no puede seguir gobernado en función de la producción sino en función del número de productores.