En el pasado congreso cafetero, el presidente de la República Iván Duque respaldó públicamente el proyecto de ley del Senador Macías por medio de la cual se crea el Fondo de Estabilización del Precio del Café, desde luego, mereció el aplauso del auditorio. Ahora cuando se avecinan elecciones y ya aprobado en el Senado, hará parte del menú de instrumentos del populismo para la contienda de octubre.

Con lo que no se contaban es con el movimiento que se está gestando en los demás sectores agropecuarios, que ahora solicitan que se les otorgue el mismo tratamiento, y que el Estado aporte los recursos para asegurar un precio que garantice mínimo los costos de producción, como se está aprobando para el gremio cafetero.

Siendo así, se debe modificar el proyecto de ley para que tengan derecho a los recursos todos y cada uno de los sectores agropecuarios, como es lo justo, so pena de violar el derecho a la igualdad que tenemos todos los colombianos.

Se calcula que para que funcione el fondo del café se debe aportar cerca de $1 billón; el Gobierno ya destinó un poco menos de $100.000 millones, que sobraron para subsidios de 2018.

Alerta a los cafeteros que parece no percatarse, porque ya hubieran puesto el grito en el cielo, es que el Proyecto de ley 117 de 2017 consagra: “El porcentaje de la cesión de estabilización que establezca el Comité Directivo del Fondo de Estabilización de precio del Café se entiende como un ahorro de los productores”.

Con estos recursos, dice el proyecto, se compensa a los productores cuando el precio este por debajo de los costos. Este no es un mico, sino un orangután, por cuanto restablece a este nuevo organismo la facultad de ordenar que, cuando el precio esté alto, cada cafetero ahorre en el Fondo, cediendo parte del ingreso para compensar en la época de bajos precios.

A esta posibilidad se han opuesto los cafeteros desde 2002, cuando se despojó al Comité Nacional de Cafeteros de la facultad de fijar la contribución cafetera y la aprobó el Congreso en el artículo 63 de la Ley 788, primera reforma tributaria del gobierno de Álvaro Uribe.

Es inexplicable, salvo que no lo hayan leído, tanto aplauso de los cafeteros a este proyecto que los pone a ceder parte de su ingreso para estabilizar el precio, cuando su deseo es precisamente que el estado ponga el cheque, según ellos por el contenido social de la actividad -que no es diferente al de toda la agricultura-, y a la supuesta deuda histórica.

Muy atentos deberían estar con esta ley, lo mismo que en 2006 cuando los parlamentarios del hoy Centro Democrático se opusieron a incluirla en el plan de desarrollo, y en 2011 muchos cafeteros y el gerente Muñoz, como lo proponía Juan Manuel Santos.

El Gobierno debe establecer una política para el sector, teniendo en cuenta que todos los productores del agro quieren este mecanismo, y solo hay dos formas de financiarlo: con el presupuesto nacional o más grave aún, extrayendo dinero de las amas de casa, mediante sobreprecio a lo que se consuma en Colombia, para compensar las exportaciones, a fin de que puedan vender a precio internacional, que no es manipulable.

Si la equidad es una prioridad del Gobierno, no hay medida más dolorosa, ni más regresiva, que la de poner a las familias pobres a transferir recursos a los productores agropecuarios, que deberían aumentar la productividad para competir en precio y ganar dinero.