Pretende, el ministro de Agricultura al finalizar el mandato, despedir al agro un histórico atentado contra el modelo de economía de mercado. Con una resolución a punto de firma, interviniendo sectores fundamentales del comercio y la industria, para favorecer un eslabón de la cadena de producción agropecuaria.
Precisamente en el momento en que el mundo enfrenta el desabastecimiento de fertilizantes, cereales, energía y semillas, -el dólar bien caro, avizorando una hambruna- y el gobierno tomando decisiones que nos dejaran sin fertilizantes, plaguicidas y alimentos.
Siempre hemos mencionado el mal que le producen a la agricultura los ministros sin ningún conocimiento, a quienes los capturan con facilidad los intereses privados, pero igualmente perjudicial cuando los funcionarios provienen del sector agropecuario y llegan sin objetividad, a defender intereses, proponiendo medidas proteccionistas, que favorecen a sus amigos, pero son contrarias a una política pública que beneficie a los consumidores de Colombia y obligue a los productores a ser competitivos, para bien de todos.
En el ministerio de agricultura se presentan simultáneamente las dos situaciones, lo que explica que pretendan expedir un decreto interviniendo el mercado de fertilizantes, plaguicidas y alimentos para animales. Es el caso típico en donde un sector utiliza su influencia para controlar el eslabón anterior o siguiente de la cadena de producción, lo que siempre sueña el empresario, para obtener beneficios adicionales.
Se pretende someter al régimen de libertad vigilada a los fertilizantes y plaguicidas de uso agrícola y alimentos para animales completos o balanceados, utilizados en los sectores avícola, porcícola, piscícola y ganadería, como insumos para la producción agropecuaria en el territorio nacional.
Mediante esta resolución obligan a enviar mensualmente al ministerio el precio de lo vendido, según el tamaño en que se presente el producto, el volumen de venta de cada presentación y el nivel del inventario de cada producto. Los productores e importadores deberán presentar la información a nivel nacional, los distribuidores y almacenes, deben presentar el informe por cada municipio donde exista establecimiento de comercio. Precio máximo al que se está vendiendo -después de rebajas o descuentos-, además, costo de producción o adquisición de todos los productos vendidos y la relación de los clientes a los que se les vendió el producto.
Esta medida le daría vergüenza adoptarla hasta un régimen totalitario comunista. Es un abuso con la empresa privada, atentado a la libertad de mercado, y puede ser violatoria de la reserva comercial. Presumimos que ni el comercio de precursores químicos para procesar coca tiene normas parecidas. Además, el riesgo moral es incalculable y ni pensar lo que puede suceder cuando los funcionarios no resistan la tentación de vender esa información.
Importante saber qué opinan los voceros de los gremios a los que quieran beneficiar, cuando adopten una medida similar para controlar el precio de venta del pollo, el huevo, el pescado, la leche, la carne de res y de cerdo, o, la papa, el plátano, el arroz, las hortalizas, etc.
Quienes defendemos la libre empresa, debemos garantizar la cancha plana para todos, y tener claro que lo único que regula los precios es mucha oferta.