Urge arreglar el país. La tarea parte de revisar la realidad para valorar aciertos e identificar errores. Las instituciones políticas se reformaron en 1991; por ende, es esa época un buen punto de partida para examinar lo ejecutado y mirar hacia el futuro. La nueva Carta conservó el régimen presidencial y politizó la justicia. Enriqueció el análisis de derechos fundamentales, pero no mejoró el desempeño del Estado: no se produjo la sociedad próspera, justa y amable deseada. En cambio, destruyó los partidos políticos y promovió la corrupción.
Desde entonces ha habido avances importantes: han mejorado la cobertura y la calidad de los servicios públicos domiciliarios y la cobertura de educación básica y media, aunque la calidad es pésima según las evaluaciones internacionales. Se han establecido apoyos a la población por debajo de la línea de pobreza. La infraestructura ha mejorado. Se instauró un sistema de salud bueno, que el gobierno actual se empeñó en destruir.
En casi toda América Latina hubo avances similares en las últimas tres décadas, acordes con cambios sociales importantes: supresión del analfabetismo y reducción de la subordinación de la mujer.
El balance en Colombia es insatisfactorio: el país es pobre, desigual y violento. El ingreso por habitante, de US$7.000 por año, es bajo; la desigualdad es la quinta más alta del mundo; la informalidad laboral excede 50% de la población activa en la economía; la tasa de homicidios es 25 por 100.000 habitantes al año, mientras en Chile es 3 por 100.000. La clase media es solo 30% de la población y un tercio de la población está por debajo de la línea de pobreza. El aumento de la productividad (valor agregado por hora trabajada) ha sido exiguo, y el crecimiento de la economía desde 2014, muy bajo. El principal producto de exportación es el petróleo, sin ser un país petrolero, y la mayor fuente de divisas son las remesas de expatriados a sus familias. El comercio internacional solo suma 30% del ingreso; debería ser la mitad.
Ha habido estabilidad económica desde la recesión de 1998-1999, pero eso no es suficiente. Las comparaciones son claras: en 1990 el ingreso por habitante de Chile era poco mayor que el de Colombia; hoy es más del doble. El Estado no funciona: el legislador es mediocre, la corrupción campea, la justicia es ineficaz y la administración es inconsistente. No hay control efectivo del gasto público. La desigualdad entre regiones es marcada.
Las instituciones inadecuadas son un obstáculo al desarrollo social y económico. Lo logrado no es satisfactorio para la mayor parte de la población, que se ha transformado y espera más. Por esa razón prosperó la falsa narrativa de G. Petro, según la cual los problemas se deben a que una élite excluyente ha usado el país para su exclusivo beneficio.
Para rescatar a Colombia se deben reconocer realidades, proponerse un crecimiento económico sostenido de mínimo 6% por año para tener con qué hacer transformaciones, definir estrategias, procesos y estructuras, y ejecutar. Habrá que suprimir protecciones para abrir la economía, simplificar de forma radical las reglas fiscales y laborales, mejorar la articulación entre el gobierno central y las regiones, y arreglar la educación pública. Lo más crítico será organizar con acierto las instituciones políticas sin dañar lo bueno. El cambio radical efectivo ofrecería oportunidades a todos los colombianos.