Estudiaba lo que identificaba como relevante, y buscaba soluciones. Por ello atendió de manera acertada la crisis de la epidemia global de covid, impulsó con vigor la construcción de infraestructura y respaldó valiosas iniciativas en minería y energía que se deben preservar y consolidar. Apoyó la educación superior pública de manera sin precedentes, sin reconocimiento de los beneficiarios. De otra parte, logró resultados importantes en adjudicación de predios rurales, lo cual deberían valorar quienes a priori juzgaron que no cumpliría lo pactado con las Farc por el gobierno de Juan Manuel Santos.
Demostró escaso criterio político al respaldar las propuestas de Alberto Carrasquilla, que no eran desacertadas desde la perspectiva fiscal, pero lo eran desde lo político: socavaron la confianza popular en el gobierno. Su estrategia en la guerra de la coca, con foco en el objetivo de erradicar plantaciones, en vez de centrar sus esfuerzos en intervenir y destruir los puntos de producción industrial y mejorar el control de los litorales, fue fallida. Tampoco puso en práctica estrategia de impulso a cadenas agroindustriales.
No reconoció la necesidad de enderezar los procesos públicos básicos. Desconoció la importancia de corregir la formación del Congreso, órgano a cargo de hacer las reglas, y la formación y operación de la justicia. No hubo la anhelada reducción en la tasa de homicidios ni se logró efectividad en los procesos judiciales. Tampoco hizo los cambios necesarios para lograr articulación adecuada entre gobierno central y territorios; aunque continuó el proceso para recuperar el nivel técnico de Planeación Nacional, no hizo lo necesario para trascender los planes estáticos, que no son muy útiles. De otra parte, mantuvo y amplió privilegios fiscales y protecciones no arancelarias para ciertos subsectores; no hubo estrategias para impulsar el crecimiento de la economía y reducir el desempleo de forma sostenida con apoyo en apertura al mundo y aprovechamiento de ventajas comparativas regionales.
Se debe revisar la conveniencia del régimen presidencial, que concentra autoridad y responsabilidad en una persona. Llama la atención que no se considere la forma parlamentaria del Estado en casi todos los países desarrollados. Cabrían cambios adicionales, como establecer una cúpula administrativa pluripersonal nombrada por el legislador, con verdaderos partidos, que serían canales únicos para postulación y financiación de campañas. Nada de esto se abordó durante el gobierno que agoniza, ni tampoco la tarea de simplificar el alto gobierno; hoy hay 18 ministerios, 6 departamentos administrativos y 14 altas consejerías, en adición a la vicepresidencia, la jefatura de gabinete y la secretaría de presidencia, la lo cual es obstáculo a la gestión efectiva; persiste la falsa creencia de que para abordar un asunto con eficacia hay que crearle ministerio. Lo cierto es que el Estado en Colombia no funciona bien; la consecuencia es escasez de oportunidades, sobre todo para los jóvenes, cuya tasa de desempleo es el doble del total nacional. Ojalá Gustavo Petro revisara sus premisas: pasaría a la historia con gloria si impulsara los cambios conducentes a la prosperidad, con Estado que sí funcionara y perspectivas positivas para todos. La metodología con resultados seguros se conoce pero no se aplica. Lo existente solo conducir a soluciones mediocres en el mejor caso.