Los procesos públicos y privados para prestar servicios de salud y educación en Colombia requieren cambios de fondo y con urgencia: el país ocupa lugar muy poco auspicioso en las pruebas PISA auspiciadas por la Oecd, y el esfuerzo en tiempo de usuarios y dinero para atender necesidades de salud podría producir resultados mucho mejores.

En ambos servicios la cobertura pasó en medio siglo de precaria a universal, pero ello no es suficiente para construir el futuro del país sobre bases más eficaces.

La educación pública básica y media hoy está sometida a la relación patológica entre el Ministerio de Educación Nacional, que lidera los aumentos de salarios, y la Federación Colombiana de Educadores, que establece las frecuentes fechas de paros, pero no exploran formas constructivas de diálogo.

Si bien es cierto que se necesita un pénsum nacional, con foco en aprendizaje de lectura y escritura que incorpore las ciencias sociales, aritmética para la vida cotidiana y ciencias naturales, también debería haber un pénsum complementario, ojalá con algo de carácter lúdico, para abordar lo relevante para las estrategias propias de cada ciudad región, y papel importante para las autoridades locales y los padres de familia.

Los centros educativos deben ser un segundo hogar para los educandos; para ello conviene que tengan dimensiones modestas, lo que facilita el acceso a pie de los educandos, y hace más efectivo el control de los procesos, que además no admiten grandes economías de escala. Deben atender la necesidad de educación continua y recreación de toda la comunidad. De importancia decisiva es la calidad de los docentes, que deben ser evaluados de manera sistemática, y actualizados para mantener vigencia en un mundo cambiante.

La remuneración debe motivar al mejor talento de la sociedad a explorar la vocación pedagógica. La infraestructura es importante, pero no sustituye al docente y la relación activa entre familias y proceso. La jornada debe ser extensa, e incluir recreación, deporte y cultura.

Los servicios de salud deben incorporar múltiples Entidades Promotoras, pero solo seis o siete, con capacidad para construir conciencia de la importancia de cultivar cuerpo y mente como fundamento de una vida saludable, y competencia entre modelos diversos para lograr el propósito. Los procesos de aprobación de los gastos médicos deben ser sencillos y efectivos, con límites de autoridad establecidos para diversos montos de transacción y complejidad de intervención.

Las historias clínicas deben operar con un solo sistema de información, con el acceso apropiado para todos los profesionales que presten servicios según el asunto. Debe haber seguimiento sistemático y proactivo a los riesgos específicos, acceso a médicos mediante teleconsulta, y supresión de toda diferencia en servicios entre régimen contributivo y subsidiado.

Debe premiarse la sujeción a las pautas de los profesionales y desincentivarse la desviación: la solidaridad, que permite la captura de economías de escala en los servicios de salud, requiere conciencia efectiva de la importancia de cuidarse.

Es posible que lograr estos objetivos exija cambiar los procesos de formación y operación de legislador y jueces, y hacer descentralización efectiva en la gestión. Sin embargo, no hacer los cambios es mucho más costoso: educación y salud son decisivas para el futuro del país y sus habitantes.