El ingreso de los países es la suma de consumo, inversión y gastos de gobierno, más la diferencia entre exportaciones e importaciones. El ingreso de Colombia es insuficiente para asegurar la atención debida a las necesidades de la población. Podría crecer rápido y en forma sostenida, pero lograrlo exige mejorar de manera radical la gestión de lo público y lo privado. El umbral del ingreso por habitante de un país desarrollado es del orden de US$30.000 por año, y Colombia a duras penas excede los US$8.000, con un peso fortalecido por el alto precio del petróleo, asociado a las guerras en curso, y por las remesas, que han aumentado en forma drástica en los últimos años.

La distribución del ingreso es muy desigual, lo cual inhibe el consumo, que absorbe una mayor proporción de cualquier alza de la renta en los estamentos más pobres. La inversión privada ha caído en años recientes, como reflejo de la desconfianza en la gestión de G. Petro. El gasto de gobierno aumentó su participación en el ingreso (más de 30%), con erogaciones improductivas y corrupción desbordada. La balanza comercial se deterioró hasta niveles sin precedentes. Además, quedó por reglamentar mediante ley el aumento irresponsable de los recursos corrientes que se deben redistribuir a las entidades territoriales, sin que se haya especificado el traslado de responsabilidades.

Procede actuar en diversos frentes. En el corto plazo se debe mejorar el uso del gasto público y diversificar la canasta exportadora como detonadores del crecimiento. Proceden reformas drásticas de la institucionalidad: lo existente no produce buenas reglas ni juicios efectivos sobre las conductas frente a ellas. Más allá, se necesita la descentralización efectiva del gobierno nacional y la integración de departamentos en regiones, para facilitar la articulación entre la gestión central y los territorios. De otra parte, la simplificación del sistema tributario evitaría preferencias y discriminaciones.

Las reglas laborales también requieren revisión: la informalidad, condición de más de la mitad de la población activa en la economía, frena la productividad (valor agregado por hora trabajada). Se necesita control interno para asegurar la consistencia de las transacciones con los objetivos y restricciones establecidos, arreglar la educación preescolar, básica y media, e implantar una educación continua universal para atender las inexorables consecuencias de la inteligencia artificial.

El esquema básico de gestión exige revisión: el régimen presidencial induce discontinuidad y desemboca en la subordinación del legislador a la administración, que coordina usos. No hay verdaderos partidos ni reglas adecuadas para financiar campañas políticas, lo cual invita a aprovechar lo público como medio para lograr rédito particular. La cúpula, con casi 30 subalternos directos de la cabeza de gobierno, es imposible de coordinar con sujeción a reglas básicas de gestión. La tecnología no se aprovecha en forma debida en los procesos legislativos y judiciales, y no hay correspondencia entre el ordenamiento del legislador y el de la administración.

El primer paso es hacer efectivo el monopolio legítimo de la fuerza, fundamento del Estado de derecho. Además, es preciso cultivar el respeto y la solidaridad, valores fundacionales para la convivencia armónica de todos los habitantes. La tarea es construir el país. El gobierno tiene la palabra.