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Colombia es pobre, desigual y violenta. Su Estado no funciona bien. El legislador es mediocre, la justicia es ineficaz y grupos armados ilegales controlan áreas importantes en el campo y en las urbes. La Asamblea Constituyente cambió sus instituciones políticas con el propósito de construir el Estado Social de Derecho hace ya más de tres décadas. El objetivo está muy lejos de lograrse. La sociedad colombiana se transformó: se acabó el analfabetismo y la población se integró al mundo, pero no se ha visto el beneficio de esperar por esa transformación.
El desempeño de la economía desde entonces ha sido muy inferior al de Chile, Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Perú. Los limitados recursos y los deficientes procesos públicos han restringido la atención a grandes propósitos.
G. Petro hizo campaña durante 4 años tras su derrota en 2018. Las circunstancias fueron propicias: el gobierno de entonces perdió respaldo por impulsar una reforma tributaria impopular, vivió las restricciones globales por el covid-19 y no enfrentó con firmeza la violencia. La debilidad política del gobierno, la perseverancia de Petro y la pobre campaña de R. Hernández en segunda vuelta dieron la victoria en 2022 a la extrema izquierda disfrazada de socialdemocracia.
Desde el primer día, G. Petro socavó la institucionalidad de ejército y policía, e impulsó, en nombre de la paz, medidas contraproducentes para la seguridad, sobre todo en zonas rurales. Con el apoyo del ministro J. A. Ocampo logró la aprobación de una reforma tributaria sin revisar procesos y estructura. Llevó al borde del colapso el sistema público de salud. Frenó la actividad de exploración en hidrocarburos, con serias consecuencias negativas para el futuro del país, y dañó el gobierno corporativo de Ecopetrol. La corrupción campeó: la desviación de recursos en la Ungrd y en el proyecto de acueducto de La Guajira son casos muy conocidos, pero hay más.
Se impulsó una reforma constitucional para aumentar la redistribución de ingresos corrientes a las entidades territoriales sin reasignar responsabilidades; queda en trámite la ley orgánica para este propósito, con una propuesta gubernamental imprecisa. El aumento del salario mínimo en 23% para 2026, con propósitos electorales, tuvo acogida en los estamentos vulnerables y pobres, pero inducirá más informalidad, en perjuicio de esa misma población. El empleo improductivo, también con propósitos electorales, fue inaceptable. La confrontación con las altas cortes, la junta del Banco de la República y la autoridad electoral es evidencia de una ambición desmedida de poder.
El crecimiento del ingreso nacional fue muy modesto. No hubo declive por causas no vinculadas a la gestión: el precio del petróleo, primer producto de exportación, estuvo alto, y las remesas de expatriados a sus familiares han aumentado 40% desde 2022 por la salida de casi 3 millones de personas desde entonces. La condición de la base de la pirámide mejoró, pero a expensas del mediano plazo. El gasto sin beneficio ulterior se refleja en un aumento de la deuda pública del orden de 40%.
El presidente, en vez de cumplir con los cambios ofrecidos, cultivó el desorden. Su conducta como líder del país fue grotesca. Las consecuencias negativas de la gestión son muy serias. Revertir la degradación de procesos y estructura requerirá audacia, imaginación y método. El nuevo gobierno enfrenta una tarea épica. ¡Adelante!