Síganos y léanos en Google Discover
La Constitución establece reglas para la redistribución de los ingresos corrientes de la Nación. Además, buscó promover la autonomía local mediante la transferencia directa de estos recursos a los municipios certificados por Planeación Nacional. Hoy se han certificado más de 800 del total de 1.139 municipios, con más de 90% de los ingresos corrientes por redistribuir. El uso de estos recursos hoy está restringido a salud, educación, acueducto y saneamiento básico, a través del Sistema General de Participaciones. Los municipios asumen sus gastos de funcionamiento y otras inversiones.
En 2020 se hizo una reforma de la distribución de regalías para robustecer el precario papel de los departamentos en el ordenamiento territorial, pero las regalías son volátiles y los linderos departamentales son arbitrarios e ineficaces. Además, no se ha hecho la integración de departamentos en regiones prevista por la Constitución, ni se ha descentralizado el gobierno nacional para acercar las decisiones a los usos. El anuncio del nuevo gobierno, de gestión desde los territorios, es un paso en la dirección necesaria, pero no será suficiente; hay nuevos asuntos por abordar.
El Congreso aprobó de forma irresponsable una reforma constitucional a finales de 2024, para aumentar la redistribución sin especificar el traslado de responsabilidades. Desde el 20 de julio está a consideración del Congreso el impreciso e inefectivo proyecto de ley orgánica elaborado por el gobierno anterior. El aumento en la redistribución, de 25% a casi 40% del total de los ingresos corrientes, obliga a revisar la articulación entre gobierno central y territorios.
Para poner en práctica la reforma constitucional procede revisar el ordenamiento territorial: es hora de establecer las regiones, en número no mayor de 7 para hacerlas efectivas, con un equipo de gestión pequeño, financiado por los departamentos. El primer uso debe ser la revolución en educación preescolar, básica y media, con orientación a tecnologías vocacionales para atender las necesidades locales y regionales, y la educación continua universal para enfrentar las exigencias de la era digital. Así se impulsarán destrezas desde la infancia hacia actividades en las que cada región pueda tener ventajas comparativas relativas.
La reforma educativa debe incluir la supresión de jornadas parciales y la vinculación de docentes con formación en ciencias y artes, con remuneración flexible orientada a reconocer competencias, libre de pactos entre el Men y Fecode, sin exigencia de título en educación ni vinculación a Fecode. La comunidad debe participar en la gestión. No se debe persistir en lo que no funciona: los pésimos resultados en las pruebas internacionales son demoledores. La infraestructura para educación básica debe ajustarse para atender la educación continua local, y atender el cultivo de la salud y la recreación del vecindario.
También se debe canalizar a través de las regiones inversión en infraestructura atada a su respectiva vocación: ejemplos claros son vías terciarias y nodos críticos en sistemas de transporte y comunicación.
El nuevo gobierno ha anunciado comunicación ordenada al país sobre lo importante, y políticas orientadas a impulsar el crecimiento rápido y sostenido de la economía. La gestión acertada permitirá poner en marcha el marco territorial necesario para un futuro mejor.