El mundo está en proceso de envejecimiento. En casi todas partes hay renuencia a la reproducción más allá de uno o dos hijos, mientras la expectativa de vida mundial se ha doblado, de 35 años a principios del siglo 20 a más de 70 en la actualidad. Cuando se introdujeron los códigos laborales en Latinoamérica en la primera mitad del siglo pasado mediaban pocos años entre el final de la vida productiva y el probable deceso.

El Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, expedido en 1950 bajo Ospina Pérez, estableció edad de jubilación en 20 años de servicio y 55 años para hombres y 50 para mujeres. Al volverse obligatoria la vinculación del trabajo formal al seguro social para cubrir los riesgos de invalidez, vejez y muerte en 1967 bajo Lleras Restrepo, se elevó la edad de jubilación a 60 y 55 años para hombres y mujeres respectivamente.

Desde entonces, la expectativa de vida siguió en aumento en todo el mundo, en tanto, que la vida laboral no ha aumentado mucho: la edad de ingreso a la fuerza de trabajo subió con más exigencias de educación, y la edad de obsolescencia general poco, en parte por la naturaleza misma del trabajo hoy, que cambia rápido por cuenta de nuevas tecnologías. Consecuencia del envejecimiento será la necesidad de mejoras sostenidas en productividad.

El caso de Colombia, cuya productividad total de factores, imputable a razones diferentes de la inversión en capital bruto o en horas persona, ha declinado en años recientes, es preocupante, máxime que el país tiene elevada tasa de informalidad, cercana a la mitad de la fuerza de trabajo, lo cual significa que el grueso de la sociedad no tendrá ingreso seguro para su vejez más allá de lo que pueda aportar el Estado.

En el país hay dos regímenes pensionales. El de prima media, administrado hoy por Colpensiones, requiere subsidios enormes, pues los aportes y sus rendimientos son insuficientes. El régimen está desfinanciado por diversas razones; se destaca que el Estado no hizo los aportes previstos de un tercio del aumento en el cálculo actuarial o estimación matemática de los recursos requeridos para sostener el sistema cada año, lo que no ocurrió.

Cabe recordar que la proporción de población urbana en 1967 era levemente superior a la mitad y la edad media era del orden de 17 años, en tanto, que hoy cerca de 80% es urbana y la edad media excede 30 años. El otro régimen, de ahorro individual con solidaridad, nació en 1993, bajo Gaviria; en este régimen los aportes de los trabajadores a fondos de pensiones son administrados por firmas especializadas.

El sistema ha tenido buen funcionamiento en el contexto de las últimas décadas, con ganancias reales para los aportantes, pero no ha tenido los beneficios de ambiente de alto crecimiento, con economía competitiva, asignación racional de recursos y valorización del capital por mayor productividad, con gran incidencia en el valor de las pensiones.

Sorprende el tránsito propuesto del régimen de ahorro individual al de prima media, con graves implicaciones para el fisco a mediano y largo plazo y subsidio creciente en función del monto de la pensión, en vez de salir del molde prevalente en Latinoamérica, abrir la mentalidad y con ella la economía, facilitar la formalización laboral en ambiente de crecimiento rápido, mejorar la educación pública, fuente de futuro, y proveer recursos para la vejez de quienes no tienen amparo.