La educación pública en Colombia es muy mala en comparación con los países del mundo desarrollado; es de lo peor en las pruebas Pila, auspiciadas por la Ocde, en las que participan más de 70 países. El esquema institucional establecido para la tarea es inadecuado: el asunto es del orden nacional y el sindicato de maestros asume papeles que deberían tener otras instancias. Sería importante establecer responsabilidades locales en la ejecución, vincular a los padres de familia, atender en forma acertada la educación preescolar, tener en cuenta las estrategias de desarrollo regionales en la educación media, y asignar a las autoridades nacionales el papel central en el diseño de procesos y la verificación de cumplimiento de las reglas.
La Ley General de Educación identifica en forma acertada el propósito y los actores en el proceso educativo y le adjudica papel central al docente. Sin embargo, hay conflicto abierto entre el propósito de mejorar y la orientación de la Federación Colombiana de Educadores - Fecode - sindicato de base que negocia con el Ministerio de Educación las reglas de remuneración para los docentes. Llama la atención que los aspirantes a formación profesional en educación tienen calificación baja en las pruebas Saber 11 del Icfes. De igual manera preocupa que, según estudio de la Universidad Javeriana hace un lustro, una proporción significativa de las horas de trabajo programadas para los docentes no se lleva a cabo por instrucciones de las directivas del gremio de hacer paros.
Sorprende que los programas en materia educativa del actual gobierno para reforma educativa se centran en la educación superior pública, cuando la prioridad debería ser enderezar la educación preescolar, básica y media, de manera que las probabilidades de aprovechar el talento sean más elevadas. En particular, urge revisar el papel desproporcionado de Fecode en la institucionalidad educativa.
Las desigualdades tienden a aumentar porque la tecnología puede tener efectos negativos sobre el valor del trabajo no muy calificado, y las exigencias cambiarán con creciente rapidez. Con el paso del tiempo las brechas serán más perceptibles. Solo la educación pública de buena calidad, con cobertura universal durante la totalidad de las vidas productivas de toda la población, podrá alimentar relativa igualdad de oportunidades y mitigar el efecto del rápido cambio tecnológico en la remuneración.
No hay solución óptima: el subsidio a la demanda y la competencia entre instituciones puede impulsar la mejor calidad en la educación básica y media, en desmedro del resto de la población, e inducir exceso de recursos sociales invertidos en transporte. Las instituciones locales pueden ofrecer infraestructura recreativa para la comunidad y facilitan la educación continua, pero no es fácil asegurar buen servicio sin competencia. En todo caso, el maestro debe tener papel central en la educación, por lo cual se debe impulsar la vinculación de lo mejor de la sociedad a la docencia, la formación permanente de quienes están comprometidos en la tarea educativa, y su evaluación sistemática. El gobierno debe reconocer la realidad, en vez de considerar el magisterio como espacio electoral; el propósito debe ser apoyar el desarrollo del país, y no el resultado electoral. Sin educación pública de magnífica calidad el país está condenado a la mediocridad.