Gustavo Petro ha abordado, en campaña y desde su posesión como presidente, temas importantes que Colombia no ha atendido con diligencia, pero sus propuestas específicas para atenderlos son desacertadas. Es notorio el problema ambiental: el presidente parece exonerar a Colombia de la obligación de reducir la emisión de gases de efecto invernadero para evitar el calentamiento a niveles catastróficos, y ofrece administrar recursos internacionales para proteger la Amazonía colombiana. El asunto de fondo es innegable: si bien hay diversas causas que pueden generar calentamientos y enfriamientos, el uso de combustibles fósiles desemboca en la acumulación excesiva de dióxido de carbono, con serias consecuencias si no se la contrarresta. Hoy no escapa de la tierra el calor en cantidad igual a la que entra, proveniente del sol, porque los gases acumulados producto de la combustión retienen parte.
Casi todo el problema es consecuencia del uso de carbón y petróleo para diversos propósitos. En el núcleo del lío están el aumento de la especie humana, cuyo número se multiplicó por diez en un cuarto de milenio, y el mayor consumo por persona. La solución es reducir las emisiones por generación eléctrica, motores de combustión interna y turbinas para aviones, y calentamiento en invierno, y retener dióxido de carbono mediante la recuperación de ámbitos vegetales protectores, sin rebajar la calidad de vida de quienes hoy tienen abundancia, y además resolver la pobreza generalizada en muchos países, todo ello sin aumentar el consumo.
Se debe lograr más bienestar con menos contaminación, y reducir desigualdades sin perjudicar a nadie. Existe en la actualidad un pasivo acumulado no cuantificado a cargo de futuras generaciones de todo el planeta, incluidos sitios que no han tenido los beneficios de la sociedad de consumo. Todavía hay margen de maniobra para resolver el dilema de la relación con el ambiente, pero se requiere imaginación, método, sensibilidad y eficacia comunicativa, y el mundo no está organizado para lograr el resultado necesario.
Colombia es caso extremo de mala organización para la tarea. Aunque el legado llerista de la interconexión para transmitir la electricidad de unidades de generación hidráulica reduce la responsabilidad en generación, y así no haya invierno, queda mucho por hacer en transporte, diseño urbano y protección de las selvas. Los cultivos de coca en muchos sitios cuya vocación natural es de carácter protector y no productor ponen en evidencia el problema que se debe enfrentar: el Estado no ha sido capaz de ejercer el monopolio de la fuerza, ni ha intentado persuadir al mundo de que la prohibición de sustancias tóxicas tiene más costos que beneficios para todos.
Desde la perspectiva ambiental la coca y la minería ilegal son dos flagelos que requieren mejores estrategias. Además el país necesita arreglar el mal diseño institucional en materia ambiental, que asigna responsabilidades a corporaciones autónomas con competencia según linderos políticos y no naturales, les define un pésimo gobierno corporativo, y establece un Ministerio sin capacidad coercitiva. Antes de recitar qué deben hacer otros países y ofrecer gestión de fondos internacionales para proteger las selvas es preciso revisar procesos y estructuras comprometidos en la tarea, para que no se pueda decir que Colombia ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio.