El camino del cambio en el ordenamiento institucional de la Patria debe ser fluido. El primer paso es promover la deliberación sobre cómo debe ser el Estado para cumplir con las tareas que el país enfrenta. Las discusiones no deben orientarse a propósitos, pues los que hay hoy son acertados, sino a procesos y estructura, pésimos en la Constitución actual. La diversidad de percepciones mejorará el producto final si se deponen propósitos mezquinos y se concentran las voluntades en construir un conjunto de normas adecuado, bajo la premisa de que no hay solución perfecta. Este columnista ha especificado cambios necesarios e identificado cómo hacerlos; el ejemplo puede incluso servir como punto de partida para discusión, no porque contenga elementos de trascendencia, sino precisamente porque no tiene aportes originales.
El segundo paso es plasmar el producto de las deliberaciones en un documento que enuncie los cambios en la Constitución, las normas nuevas de carácter especial y ordinario que deben surgir como consecuencia de la depuración de lo existente, y el régimen de transición necesario para pasar de lo actual a lo deseado. El tercer paso es divulgar el producto para que todos los colombianos entiendan el alcance de la propuesta con sus beneficios, sus riesgos y la forma de mitigarlos.
Luego hay que conseguir las firmas para el referendo correspondiente, con el apoyo de la campaña de comunicación que permita asegurar la anuencia del Congreso, así ella signifique el fin del mandato para los legisladores en ejercicio. Finalmente vendrá la votación y con ella el rescate del país. Se trata, en últimas, de formular propuesta, mejorarla de manera significativa mediante la discusión ordenada, con participación de expertos en los diversos temas relevantes para lo público, y presentarla al pueblo, en quien radica la soberanía, con los elementos de juicio necesarios para evitar las discusiones inútiles. El reto de comunicar es colosal: hay que traducir las ideas a lenguaje ordinario y efectivo, para que todos podamos entenderlas, debatir y cambiarlas.
¿Cómo evitar que se persiga el interés particular? Como en toda venta, es preciso mostrar que las propuestas finales permitirían construir patrimonio seguro a casi toda la población y darían protección a los estamentos vulnerables. Se trata de aprovechar nuestras posibilidades al organizarnos como equipo para que los procesos públicos funcionen. Hay que persuadir; no se trata de obligar a nadie, pero las cosas son claras: el ordenamiento actual es caótico en la práctica y los resultados son inconsistentes. Si lo público se organiza para operar más o menos bien con esfuerzos razonables, el impacto económico será inmenso para capital y trabajo.
El resultado práctico será reducción radical de la informalidad en el trabajo frente a lo actual, que es la mitad de la población económicamente activa, reducción de la desigualdad, hoy de las más altas del mundo y prácticamente igual antes y después de impuestos, y educación pública al menos mediocre, en contraste con la muy mala de hoy. El mayor beneficio cualitativo será para quienes pasen de la pobreza a la clase media, pero el mayor cambio cuantitativo será para el capital, cuyo valor aumentará en forma descomunal como consecuencia de que Colombia sea país eficiente, ordenado y respetuoso. Es difícil encontrar otra oportunidad mejor.