En 1998 el gobierno nacional logró vender las electrificadoras de la Costa Atlántica en dos bloques. Algunos comentaristas opinaron con sorna que estas ventas evitarían varias reformas tributarias, pues ninguna de las empresas generaba el flujo de caja necesario, de manera que requerían inyección de recursos frescos del erario público para ampliar cobertura, mejorar la calidad del servicio o reducir costos de operación. La gestión de los primeros compradores se oscureció por diferencias entre ejecutivos de Houston Power and Light y Electrificadora de Caracas. Al final, los americanos se retiraron y los venezolanos vendieron a Gas Natural Fenosa. En 2018 la Superintendencia de Servicios Públicos intervino las empresas por la incapacidad de prestar el servicio de manera adecuada, y se nombró un agente.
El Gobierno ahora ha decidido partir de nuevo el negocio para evitar demasiada concentración en la distribución en el ámbito nacional, y proceder a la venta de los negocios de dos empresas. La Nación asumirá el pasivo pensional y la deuda financiera. Para movilizar los recursos requeridos la ley estableció un gravamen a la tarifa de los estratos altos.
Sin embargo, las subastas de venta tienen riesgo de escasa acogida. La tradición de no pagar lo consumido mediante fraude en el contador, alteración de registros con complicidad de funcionarios, o conexión directa con líneas irregulares apunta a un problema de ética de comunidad que no es fácil superar sin trabajo previo de construcción de conciencia de beneficio general, con el uso de las herramientas de zanahoria y garrote propias de estos procesos. El principio general es que quien consume debe pagar, porque prestar el servicio de fluido eléctrico es costoso y no se debe incentivar su desperdicio. Hay experiencias positivas en lograr el pago de servicios públicos en sitios mucho más pobres que la Costa Caribe, y marcados por ausencia de Estado. Parte del secreto es construir tejido social, logro de enorme beneficio desde la perspectiva social y económica.
Ni el Gobierno ni los inversionistas serían tan eficientes en la tarea como lo sería la institucionalidad de carácter cívico que se podría establecer si se aplicara el fideicomiso para gestión de empresas intervenidas que ordenaba la ley 142, y con el que los gobiernos posteriores no cumplieron. Andrés Pastrana optó por impulsar cambios en la ley para volverlo opcional, cuando ya se había incumplido en casos como las Empresas Públicas de Caucasia, Energía de Arauca, el Acueducto de Cúcuta y Empresas Municipales de Cali; en todas estas entidades la Superintendencia prefirió manejar las empresas en forma directa, con resultados desafortunados.
En el caso de Electricaribe la solución más práctica sería entregar la gestión a los más connotados empresarios, profesionales independientes y académicos de la región para que desde la junta del fideicomiso mencionado persuadan a la comunidad de la importancia de tener un buen servicio y pagar por ello. No parece fácil, pero se puede aprovechar otras experiencias, apelar al sentido de dignidad de la comunidad, cortar a quien no pague y trabajar en forma respetuosa y ordenada para lograr el resultado deseado. Se evitarían así pleitos costosos con Gas Natural Fenosa y se maximizaría el valor para todos cuando empresa y usuarios estén parados sobre realidades. Toma tiempo pero vale la pena.